Desde 2017 hasta 2043, se destinarán más de US$ 500 millones para financiar proyectos I+D en minería verde, energía y desarrollo tecnológico, a raíz de la explotación del litio en el Salar de Atacama.
El boom del litio no solo ha aumentado los ingresos fiscales, también ha nutrido una inédita caja para innovación. Desde 2017 hasta 2043, se destinarán más de US$ 500 millones comprometidos por SQM y Albemarle para financiar proyectos de investigación y desarrollo (I+D) en minería verde, energía y desarrollo tecnológico, recursos que provienen de los contratos de explotación del Salar de Atacama.
Desde los ‘70, la Corfo tiene pertenencias mineras en este depósito salino ubicado en Antofagasta. En 1983, el Código Minero estableció que el litio “no es concesible”, por lo tanto, solo la agencia estatal tiene derecho a explotar este mineral no metálico.
Para que empresas privadas pudieran explotarlo, Corfo debe “arrendar” las pertenencias. En este contexto, firmó dos contratos con la chilena SQM y la estadounidense Albemarle, las que pagan en función de la cantidad de litio y otros minerales producidos, y del precio al que se vende.
Entonces, a mayor precio, más ingresos para el Estado chileno. Estos recursos ingresan trimestralmente al patrimonio de la agencia pública, los que “se ahorran e invierten en el mercado de capitales”, señaló por escrito la Corfo a DF.
Sin embargo, durante el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se negociaron cláusulas en ambos contratos, las que incluyen, entre otros, aportes obligatorios anuales para financiar proyectos de investigación y desarrollo.
En el caso de SQM, esta modificación estableció un monto total de US$ 214,9 millones para el período 2018-2030, del cual la Corfo ha asignado proyectos por US$ 181 millones y la empresa ha entregado US$ 120,3 millones.
El contrato con Albemarle, en tanto, fijó un compromiso total de US$ 297,8 millones entre 2017 y 2043, de los que a la fecha se han entregado unos US$ 81 millones.
Definición de proyectos
Los recursos de cláusulas con SQM y Albemarle son entregados directamente por estas compañías a entidades sin fines de lucro para actividades de I+D asociadas a temas como minería verde, energía y litio, entre otros.
El Consejo de la Corfo es el órgano que determina, a través de diversos mecanismos de selección, las entidades receptoras -institutos tecnológicos públicos, privados o consorcios-, además del plazo y forma de entrega de los aportes.
También es el encargado de definir la finalidad para el uso de los fondos, lo que queda reflejado en un convenio para la ejecución de cada proyecto.
“Corfo realiza un monitoreo del cumplimiento técnico y financiero del mismo”, explicó por escrito la agencia pública.
A julio de este año, del total de recursos comprometidos por SQM, el Consejo de Corfo ha asignado US$ 181 millones y en el caso de Albemarle, US$ 64,2 millones, a más de una decena de proyectos (ver infografía).
El más cuantioso es el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), entidad que recibirá US$ 137,5 millones en 10 años y cuya ejecución comenzó en 2025 en Antofagasta.
El objetivo del ITL es impulsar la I+D y la transferencia de tecnologías de alto impacto para la industria y la exportación, con un enfoque en bajas emisiones y energías renovables. En una anterior entrevista a este medio, su director ejecutivo, Patricio Aguilera, confirmó que la Corfo les traspasará la primera cuota de US$ 5 millones este año y otros US$ 25 millones en 2026.
Ingresos extra
Además de las cláusulas de aportes a la I+D, durante 2022 y 2023 la Corfo percibió recursos por unos US$ 6 mil millones debido al precio extraordinario del litio.
De ese total, el Gobierno actual acordó gastar US$ 150 millones anuales para financiar el programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), una iniciativa multiministerial ejecutada por la Corfo y que partió en 2023, que financia proyectos en los ámbitos de “descarbonización justa” y diversificación productiva sostenible.
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