Por Marco Fajardo
En muchos países del mundo, es habitual escuchar que la gente se queje de que las cifras de inflación no reflejan los aumentos reales en el precio de la vida. La discusión es vieja y una parte del problema es de percepción, pero también hay un factor metodológico.
Una pregunta importante es qué productos se deben incluir y cuáles no en una canasta de precios del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En Alemania, por ejemplo, el ente estadístico Destatis tiene un link que permite a cualquier persona medir su “inflación personal” de acuerdo a los productos que consume, y que usualmente arroja una cifra mayor a la oficial.
La importancia del tema radica en que las cifras oficiales son usadas para reajustar salarios y pensiones, pagar bonos públicos y calcular la tasa de interés real, por lo cual impactan a trabajadores e inversionistas.
Por eso, probablemente, muchos gobiernos están bajo sospecha de que toleran una metodología que subestima la inflación baja y no mostrar ninguna prisa en corregir los desajustes.
El tema es delicado. Por algo la reciente controversia en nuestro país significó la renuncia del director del Instituto Nacional de Estadística, Francisco Labbé, y la formación de una comisión para estudiar el tema.
En Argentina se vive un caso extremo, donde el gobierno está acusado de intervenir desde 2007 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para bajar el IPC y ahorrarse así el pago de miles de millones de dólares en bonos públicos ligados a la inflación.
En el país vecino, el Congreso, la provincia de San Luis y múltiples consultoras privadas, tienen sus propias mediciones para el IPC, que usualmente duplican la cifra oficial, lo que ha generado enfrentamientos con el Ejecutivo. De hecho la semana pasada un tribunal de apelaciones revocó millonarias multas que el gobierno había impuesto a varias consultoras por este hecho.
Sospechas de ocultamiento
Sin embargo, también en países como España o Estados Unidos hay cuestionamientos a las cifras oficiales.
En enero, cuando el IPC de España sufrió su mayor caída mensual en 50 años, la ONG de consumidores FACUA puso en duda la cifra.
“Sospechamos que podría haber políticas gubernamentales que contribuyan a ocultar la verdadera escala de la inflación”, afirmó Rubén Sánchez, portavoz del grupo. “Nuestra experiencia indica que los cálculos actuales subestiman la inflación real”.
José Ángel Oliván, jefe de la Unión de Consumidores de España, se quejó de que la canasta usada para calcular el IPC no refleja los cambios en el consumo tras las dos recesiones desde 2008. “El gasto en bienes básicos es ahora un porcentaje mayor del total, y creemos que eso no se refleja correctamente en el IPC”, señaló.
También en Estados Unidos se debate el tema. Por ejemplo, muchos reclaman por la insistencia de la Reserva Federal de centrarse para sus objetivos en la “inflación subyacente” (core inflation), una medida que excluye la energía y los alimentos del (IPC) porque están sujetos a una mayor volatilidad en el corto plazo. En abril de este año, por ejemplo, el IPC oficial fue de 1,1% anual, mientras la inflación subyacente fue de 1,7%.
También existen cuestionamientos en el sector académico. El prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) patrocina el “Billion Prices Project”, que compara su propio índice con las cifras oficiales no sólo de EEUU, sino varios países del mundo.
Se trata de una iniciativa que usa los precios de centenares de retailers online, que en el caso de Estados Unidos muestra divergencias -aunque leves- con los números de la Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo.
Otros van más allá. El economista y consultor Walter J. Williams cuestiona desde 2004 las cifras oficiales de inflación, PIB y desempleo. Williams asegura que si la inflación actual se midiera según la metodología que se implementaba en 1990, sería el doble.
En 1995, el Senado creó la Comisión Boskin para estudiar posibles fallas en la medición de los precios. Sin embargo, el resultado sorprendió a los críticos, ya que la comisión concluyó que el IPC no subestimaba la inflación sino que, por el contrario, la exageraba.
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