Varias empresas del Ibex, entre ellas Enagás, Santander, Iberdrola y Repsol, han mantenido conversaciones informales para promover mecanismos que eviten el descontrol en las votaciones de las juntas.
Se trataría de implantar modelos estandarizados para cotejar que los votos emitidos en las asambleas se corresponden realmente con lo que quería expresar cada accionista. Esos mecanismos de control servirían para evitar que el sentido del voto se modifique a lo largo de la compleja cadena de delegación que se produce a través de distintas entidades: banco depositario, fondo de inversión, gestor del fondo y, en última instancia, los denominados proxys.
Algunas empresas, como Red Eléctrica, con más de un 70% del capital en manos de fondos, ya empezaron a aplicar hace dos juntas lo que se denomina como confirmación de voto. Consiste en que, una vez pasada la asamblea de accionistas, se remite una carta al inversionista en la que se le indica que, según consta en los registros de votación de la junta, el sentido de su voto en cada punto fue afirmativo, negativo o de abstención. En el caso de Red Eléctrica, el envío de la carta es previa solicitud del titular de las acciones. Fuentes de las empresas indican que esta iniciativa formaría parte de nuevas medidas para potenciar la transparencia y el gobierno corporativo de las compañías.
Pugnas de poder
Este movimiento se produce cuando es cada vez más patente el poder que están adquiriendo en las juntas los grandes fondos de inversión internacionales o las denominadas agencias de proxy. Estas son firmas que asesoran a los inversionistas sobre cómo votar en las juntas de accionistas, con especial atención a las prácticas de gobierno corporativo de las empresas, y aglutinan derechos de voto de terceros, votando en su nombre.
La presión de estos fondos o las recomendaciones de los proxy han provocado en los dos últimos años, por ejemplo, que algunas empresas del Ibex reordenen su cúpula repartiendo el poder de sus presidentes con el nombramiento de un director ejecutivo o director general. El reparto de las funciones ejecutivas de la cúpula, o que ésta rinda cuenta sobre cada euro de remuneración son algunas de las reivindicaciones sistemáticas de los fondos y de los proxy.
Estos, por sistema, rechazan sin contemplaciones todo lo que no vaya en ese sentido.
La confirmación del voto no es un hecho aislado en España. Otros grupos internacionales también lo están haciendo. El hecho de que ahora haya un grupo de empresas españolas que intenten promover su popularización da una buena idea de la preocupación que existe en el ámbito empresarial acerca de cómo se está desarrollando el proceso de delegación de votos, cada vez más disperso a través de bancos custodios, fondos de inversión y agencias de proxy, a las que se acusa de ser juez y parte.
Accionistas unidos
Las agencias de proxy no sólo hacen recomendaciones de voto, sino que, en ocasiones, ofrecen el servicio a sus clientes de emitirlo en su nombre.
Un documento de la agrupación Emisores Españoles, con 38 asociados, que representa más del 50% del mercado bursátil español, resaltaba hace meses que los proxy "desempeñan un papel clave en el proceso de votación" y que "su influencia está aumentando profundamente cada año". Un problema es que no sólo "dan consejos sobre cómo se deben emitir votos". También, "a veces", esos votos son emitidos "en nombre de sus clientes".
¿Qué son los proxy?
Las denominadas agencias de proxy son firmas que asesoran a los inversores sobre cómo votar en las juntas de accionistas, con especial atención a las prácticas de gobierno corporativo de las empresas. Muy habituales en las compañías anglosajonas, la movilización de esos accionistas, que suelen ser grandes fondos extranjeros, ha ido creciendo durante los últimos años también entre las grandes empresas españolas. Entre 2008 y 2014, el porcentaje medio de votos negativos y abstenciones a las propuestas de los consejos de administración en las juntas españolas ha subido de 1,5% a 5,2%. Se trata de un nivel superior a la media europea de 3,9%, según datos de ISS Governance, una firma de proxy. Aunque parezca un porcentaje bajo, hay que tener en cuenta que muchos de los puntos del orden del día se siguen aprobando casi por unanimidad. Entre las voces discordantes en las últimas juntas de accionistas de empresas españolas, figuran los grandes fondos americanos BlackRock y Fidelity; fondos de pensiones de California, Canadá, Irlanda y Reino Unido; aseguradoras como Allianz, AXA y Aviva; divisiones de gestión de activos de bancos como Goldman Sachs y JPMorgan; entre otras.
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