Cuando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, informó hace diez
días que el gobierno enviaría reformas a la Ley Antiterrorista y a la
Justicia Militar, estaba dando un claro indicio de que la estrategia
para enfrentar la huelga de hambre de los mapuches había cambiado.
El
anuncio, que repentinamente puso el tema en el primer lugar de la
agenda, sorprendió no sólo a las autoridades relacionadas con el caso,
sino también a los políticos de todo el espectro, e incluso al mundo de
los comuneros que protagonizan la protesta.
Es que hasta ese
momento, la posición aparentemente indeclinable del gobierno, era que no
estaba dispuesto a ceder a ninguna de sus exigencias, menos bajo
presión.
Prueba de ello fue que tras el comité político del lunes
30 de agosto, en que se analizó la situación, el acuerdo fue hacer un
llamado a los huelguistas a deponer su actitud, como asimismo a
deslindar la responsabilidad, recordando -como lo hizo la vocera Ena von
Baer- que había sido el gobierno de la presidenta Bachelet el que
invocó la aplicación de la Ley Antiterrorista en las causas de los
mapuches.
Esa era la postura compartida que, además, en forma
paralela, distintas autoridades habían transmitido privadamente a
diferentes emisarios, como lo hizo el ministro de la Segpres, Cristián
Larroulet, frente a un llamado del jefe de la Pastoral Indígena, el
obispo Manuel Camilo Vial, pidiéndole que el gobierno interviniera, con
el argumento de que la salud de los huelguistas había entrado en una
etapa crítica.
Pero de pronto de produjo un giro, cuando el
presidente Sebastián Piñera, en dupla con su ministro del Interior, optó
por imprimirle otra dinámica al problema, mostrándose abierto a acoger,
al menos en parte, algunas de las demandas de los mapuches.
La
decisión de introducir cambios a aquellas leyes que los huelguistas
piden que no se les apliquen, fue la carta que decidió jugar Piñera con
el propósito de tratar de solucionar el problema.
Pero aun cuando
el anuncio -que se concretó esta semana con el envío al Congreso de las
reformas legales- encontró cierta acogida en los huelguistas o sus
representantes, no fue suficiente para que depusieran su acción, ni
tampoco para acallar a los políticos opositores, jugados para que se
instale una mesa de diálogo. Ello, mientras paralelamente la propuesta
abría un nuevo flanco desde las propias huestes del oficialismo, con
distintas voces cuestionando, básicamente, las implicancias que tenía
legislar como respuesta a exigencias de grupos de presión.
Conscientes
de que estaban jugando una carta difícil, en el gobierno optaron por
buscar otros caminos que colaboraran en la solución, pero sin ceder a
las presiones ni de uno ni de otro sector. Fue así como el presidente no
se allanó a la idea de conformar una mesa de diálogo, pero tampoco
aceptó dilatar el trámite a las modificaciones legales que podrían
favorecer a los comuneros indígenas en huelga de hambre.
Con un
discurso más firme, en paralelo a la intervención de las iglesias -en
particular de la jerarquía católica- en La Moneda se mantienen confiados
en que podrán desactivar la verdadera bomba de tiempo que la protesta
mapuche instaló en el gobierno, aunque saben que la operación no está
exenta de serias dificultades.
Las razones
Pese a
que el movimiento de los comuneros presos se inició hace dos meses
-luego de que el cubano Guillermo Fariñas depusiera su huelga de hambre y
Chile se mostrara dispuesto a acoger a los disidentes- en el entorno
presidencial reconocen que la situación comenzó a preocupar cuando la
salud de algunos de los huelguistas pareció deteriorarse. El riesgo de
que si uno de ellos moría, fue determinante para que Piñera decidiera
que debía asumir una actitud más proactiva con el fin de tratar de poner
fin al conflicto.
Centrando el problema en la importancia de la
vida, él mismo asimiló su actitud con la que adoptó en el caso de los
mineros, al expresar que lucharía con la misma fuerza que lo hizo en esa
situación, para salvar la vida de los mapuches en huelga de hambre.
Pero
además de la legítima preocupación por la salud de los manifestantes,
pesó especialmente en su decisión de tomar la ofensiva, la posibilidad
de que -muriera o no un manifestante- el conflicto terminara opacando
los festejos del Bicentenario si no se le ponía fin.
Y no sólo
eso. En Palacio confiesan que el análisis tampoco desestimó el riesgo
para el deterioro de la imagen internacional, teniendo en cuenta el
interés que concita la situación en el exterior, como lo confirma el que
distintos organismos, especialmente de la ONU, hayan emitido informes
manifestando su preocupación frente al problema, específicamente por la
aplicación de la Ley Antiterrorista. Y como Piñera hace su debut este
mes en la Asamblea General, otro elemento que se consideró fue que esta
situación no podía empañar su presencia en Nueva York, donde incluso se
arriesgaba a manifestaciones de representantes de pueblos originarios
del resto del mundo.
Acelerando el ritmo
Fue en
ese contexto en el que se tomó la decisión de dar un giro donde el
gobierno apareciera tomando la ofensiva para encontrar una solución,
tema que se analizó en profundidad el martes 31 en una reunión en que
participaron los ministros Hinzpeter y Larroulet, donde el propio
presidente -luego de recibir un informe en la víspera de abogada Pamela
Pereira, en un encuentro con el Instituto de Derechos Humanos- planteó
la posibilidad de proponer algunas modificaciones legislativas que
apuntaran a poner fin a la protesta del grupo de mapuches.
La
primera conclusión fue agilizar las reformas a la Justicia Militar, lo
que presentaba inconvenientes, puesto que como formaban parte del
programa de gobierno, estaban en estudio en los ministerios de Justicia y
Defensa. Pero como la principal demanda apuntaba a la aplicación de la
Ley Antiterrorista, tampoco se descartó estudiar algunos cambios, en
especial los referidos a la definición del delito o a sus penalidades
que, en algunos casos como el incendio, podían considerarse excesivas.
La
idea estaba acordada, pero fue el anuncio del ministro Hinzpeter esa
misma tarde, el que le dio una otra dinámica a la estrategia diseñada
por el Ejecutivo.
Es cierto que dicho anuncio -desconocido tanto
por Larroulet, como por los otros ministros relacionados con el tema, o
por el Intendente que estaba a cargo de manejar el caso- generó cierto
ruido interno, pero simultáneamente aceleró el ritmo a la búsqueda de la
solución a un problema que escalaba con fuerza.
En los hechos,
la arremetida del titular de Interior obligó, por una parte, a agilizar
el estudio de los cuerpos legales, pero además, a multiplicar las
gestiones tendientes a impedir que la bomba estallara.
Con esa
expectativa, mientras se tendían puentes informales con los
representantes de los mapuches por intermedio de personeros de la
Iglesia -como algunos jesuitas, que los contactaron con dirigentes
políticos del oficialismo- el propio Piñera reunió a los presidentes de
todos los partidos políticos en la idea de que éstos respaldaran su
propuesta.
La idea era que después de ese encuentro, con los
presidentes desde el PC hasta la UDI alineados, la solución pudiera
entrar en la recta final.
Pero no fue así. Porque si bien hubo
consenso en que las medidas tendían a buscar una salida, el rechazo de
los mapuches que las consideraron insuficientes, impulsó a la oposición a
insistir en la conformación de una mesa de diálogo, mientras en el
oficialismo se mantenía la resistencia a legislar bajo presión,
básicamente por el precedente que implicaba.
En ese escenario,
mientras el ministro Hinzpeter se encargaba de convencer a los
parlamentarios de su coalición de que entendieran que las autoridades no
podían permanecer indiferentes ante una situación que cada vez se
tornaba más delicada, el propio Piñera endurecía su discurso, diciendo
que el gobierno debía saber soportar una presión que era ejercida por
medios ilegítimos.
Claro que conscientes de que las reformas
legales no serían suficientes -e incluso podían ser tardías- en forma
paralela a la tarea de persuasión con el oficialismo para que no fuera
obstáculo a una solución, desde La Moneda se aceleraron las gestiones
con la Iglesia Católica, a fin de que asumiera un papel protagónico en
el conflicto que progresivamente aparecía más amenazante.
Finalmente,
la Iglesia Católica -luego de que antes lo hicieran los evangélicos-
accedió a involucrarse, aunque tal como precisó el presidente de la
Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, no actuarían como
mediadores, sino colaborando en la búsqueda de una solución. En esa
línea, su primer llamado -además de pedirles a los mapuches que
depusieran la huelga- apuntó a que el gobierno hiciera gestos concretos
urgentes para que destrabar el problema.
Las esperanzas de las
autoridades apuntaban a que la Iglesia, dada su autoridad, pudiera
sustituir a la mesa de diálogo que el presidente ha resistido a
conformar con el argumento de que si accede y los mapuches no deponen la
huelga, se estrechan los márgenes de maniobra para resolver el
conflicto. Pero desde el momento en que la presión comienza a llegar al
extremo de que cuatro diputados se sumaron a la huelga de hambre hasta
el establecimiento de dicha instancia, los caminos de solución comienzan
a agotarse.
Ese es el difícil trance frente al cual el gobierno
espera contar con la colaboración de la jerarquía de la Iglesia, como
el último recurso en la difícil operación que puso en marcha para
desactivar la bomba mapuche.
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