A las 11:30 de la mañana del viernes 8 de mayo. Ésa es la fecha elegida por el tribunal de Estados Unidos, para que todos los involucrados en la demanda que interpuso la Comisión de Valores (SEC) contra Juan Bilbao y Tomás Hurtado, por uso de información privilegiada, se vean las caras.
En una orden de dos páginas, el juez del caso, Richard Sullivan, determinó que ese día asistan las partes en la sala 905 de la Corte. La conferencia de status previa al juicio, como se llama la audiencia a la que citó, tiene como objeto orientar a las partes en el proceso, así como determinar "la carta Gantt" de éste.
La cita del 8 de mayo difiere de la audiencia programada para el 6 de marzo, donde Bilbao y Hurtado deben presentar su caso.
Además, el juez dictaminó el viernes que para antes del 1 de mayo a las 4:00 de la tarde, las partes deben enviar de forma conjunta un documento que no exceda las cinco carillas, en las que provean la siguiente información: un breve resumen de la demanda y la defensa; una explicación corta de la jurisdicción de la Corte; otras peticiones que se hayan hecho; descubrimientos que podrían llevar a las partes a alcanzar un acuerdo; discusiones previas para llegar a éste, incluyendo fecha, duración y partes involucradas en las conversaciones.
Además de todo lo anterior, el juez solicitó que informen un tiempo estimado de duración del caso y un plan de manejo del juicio.
En todo caso, en la industria comentan que es poco probable que Bilbao y Hurtado se presenten en ambas audiencias y optarían por enviar a sus defensas - los estudios Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton-, para evitar que se dicten órdenes que les impidan salir del país.
Arista penal
En paralelo, y considerando que la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por el eventual delito de uso de información privilegiada, los acusados por la SEC ya preparan su defensa penal.
El Ministerio Público tiene actualmente en su poder los computadores de Bilbao y Hurtado, además de correos electrónicos, entregados de forma voluntaria por ambos a la PDI, a petición de la fiscalía.
Para su defensa contrataron a dos expertos de la plaza: Bilbao a Hugo Rivera; mientras que Hurtado acudió a Carlos Balbontín Gubbins.
Los nombres elegidos no son desconocidos en casos penales de renombre. Rivera defendió a José Yuraszceck, en el llamado Caso Chispas y al ex superintendente de Valores y Seguros, Daniel Yarur Elsaca, acusado por su primo Jorge Yarur por apropiación indebida.
Balbontín Gubbins, por su parte, es uno de los abogados querellantes en el caso La Polar y fue abogado de Celulosa Arauco.
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