Son variadas las aristas nacidas a raíz del Caso Sartor, que se inició a mediados de noviembre de 2024, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) arremetió en contra la gestora de fondos del grupo y posteriormente revocó su licencia e inicio de proceso de liquidación.
Parte de ellas se revisan en la Corte de Apelaciones de Santiago. El 21 de abril, tres aportantes del fondo Sartor Leasing -el execonomista jefe de Sartor AGF, Joaquín Aguirre; Manuel José Correa; y Camilo González- ingresaron un reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de la CMF y solicitaron una orden de no innovar en contra de una de las medidas tomadas por el regulador.
En detalle, los inversionistas fueron en contra la resolución de la CMF que dio inicio a la liquidación anticipada de Sartor Leasing, vehículo que mantiene un embargo en su contra por una deuda de $ 9 mil millones contraída con el banco panameño -ligado al Grupo Credicorp-, ASB Bank.
Sin embargo, la iniciativa sufrió un revés en la sede judicial. El miércoles 30 de abril, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago negó la solicitud realizada por los tres inversionistas del vehículo.
“No existiendo antecedentes graves que justifiquen la medida solicitada, se deniega la orden de no innovar”, resolvió la instancia presidida por la ministra Paula Rodríguez.
Eso sí, contó con el voto favorable del abogado integrante de la sala, Cristián Parada, “quien estuvo por conceder la orden de no innovar pedida”.
Medida gravosa y lesiva
En su reclamo de ilegalidad, los aportantes argumentaron que “la CMF dispuso la liquidación del fondo Sartor Leasing, sin que sus aportantes fueran previamente informados ni se les entregara antecedente alguno que justificara esta decisión”.
Lo anterior, “en circunstancias que la Ley Única de Fondos contempla expresamente la posibilidad de que una entidad experta y autorizada gestione y proteja el patrimonio de los aportantes, resultando mucho menos gravosa y lesiva del interés de los aportantes que la liquidación”, añadieron.
El reclamo del grupo de aportantes fue patrocinado por los socios de BES Abogados, Jorge Bofill y Vanessa Facuse.
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Cristóbal Muñoz
