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Alto contrasteDF Tax | Gobierno de emergencia y reintegración tributaria
Por Vicente Furnaro, abogado socio de Tax Defense
Un Gobierno autodenominado de emergencia busca basarse en la excepcionalidad y premura en su proceder. Y es eso lo que eligió Chile para este próximo período. El punto es delimitar los asuntos que pueden definirse bajo ese escenario de presión coyuntural, propio de una situación de apremio.
En materia económica, el evidente y promocionado ímpetu legislativo de las nuevas autoridades, alimentado por la necesidad de posicionarse en breve como un nuevo capítulo más ejecutivo y eficiente en la gestión del país, no puede sin embargo confundir las medidas que considera “urgentes” con aquellas que implican nuevos cambios estructurales al sistema tributario.
La disminución de la tasa de impuesto corporativo de 27% a 23%, los nuevos créditos asociados que se ofrecen o las medidas sectoriales incentivadoras (como el IVA cero a la venta de viviendas nuevas o la rebaja al impuesto a las donaciones), parecen apuntar al adelantamiento de caja fiscal, a generar espacios para una mayor reinversión y a acelerar el motor económico nacional sin mayor intervención estructural. Todas estas reformas impactarán positivamente el resultado de las empresas y, con ello, aumentarán la base imponible a nivel país, lo que debiese compensar -y superar- la baja de tasas asociada.
En la dirección correcta, se reemplaza entonces la política de “decretar impuestos” por una que apunta a una economía fuerte y sana que mejore la base total sobre la cual ellos se aplican, en base a respuestas simples y concretas que sí pueden calificarse como de urgencia.
Sin embargo, cuando se habla de reintegración del sistema, se sobrepasa el estrecho límite de un Gobierno autodenominado de excepción. Se entra a un antiguo debate tributario estructural, discutible desde la óptica de la progresividad y equidad fiscal y sobre cuyos efectos económicos aún no hay conclusiones unívocas.
Y es que el carácter estructural de esta definición conlleva una soterrada definición valórica acerca del uso de la herramienta tributaria. No hay que perder de vista que la integración o desintegración del sistema tributario apunta a los retiros de utilidades (o distribución de dividendos), ya que re-integrar significa -para quienes efectúen tales retiros o distribuciones- volver a contar, como antes, con todo el impuesto que soportaron sus empresas y descontarlo del impuesto personal que afectará al consumo de tales flujos por parte de sus dueños. Una medida que implicaría un costo fiscal anual de US$ 800 millones (0,27% del PIB) y que beneficiaría a no más de 12.000 contribuyentes que, en el tramo alto del Impuesto Global Complementario, se llevarían más de la mitad de ese costo fiscal.
La reintegración entonces, se refiere finalmente a una franquicia sobre el consumo, o si se quiere, sobre los fondos de libre disponibilidad de los grandes y medianos empresarios, lo que, si bien podría alentar, no garantiza de manera alguna reinversión o vínculo directo con la generación de empleos o crecimiento económico.
Por el contrario, son los incentivos a mantener las utilidades en la empresa -y no a retirarlas- lo que genera más reinversión. Así lo comprobó Chile con largas décadas del FUT y así lo han entendido también la mayoría de los países OCDE, que mantienen un sistema desintegrado. Dicho sea de paso, ninguno de ellos resolvió este tema en el contexto de una emergencia.
Es justamente de eso de lo que se tratará toda la discusión legislativa que se viene - si es que se insiste en infiltrar esta medida estructural con las otras de urgencia-.
Confundir las medidas anunciadas, simples, claras e irrefutables desde el punto de vista del mayor dinamismo, con un anuncio que beneficia al gran empresario y no propiamente a la empresa, además de resultar estratégicamente débil desde el punto de vista legislativo, será sin dudas un punto de desencuentro que teñirá el necesario debate técnico de un color político, como ha ocurrido las tantas veces en las que ya se ha debatido este tema. Será evidente -ahora sí- que se estará pasando gato por liebre: una reforma estructural bajo la careta de una medida de urgencia.
Los gobiernos de emergencia se acompañan de una altisonancia que los viste como rápidos, energéticos, antipolíticos, pragmáticos y eficientes. Pero son -por definición- estrechos y excepcionales.
Una reforma estructural que busque integrar o desintegrar el sistema tributario requiere, por el contrario, pausa, debate, estrategia y mirada a largo plazo. Un proyecto que ambicione dejar alguna herencia, al menos en el mundo de los impuestos, y no sólo ser un paréntesis de medidas de apuro para salir del paso.
