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Alto contrasteHermann González
Un aspecto relevante de la reforma educacional, hasta ahora poco debatido, es el impacto que generará en la inflación medida por el INE. En lo esencial, uno de los aspectos de esta reforma es que para un número importante de familias la educación pasará a ser gratuita, liberando recursos para gastar en otros bienes y servicios.
¿Cómo recogerá el INE este cambio tanto en el precio del servicio de educación, como en la distribución del gasto de las familias? La metodología del IPC capturaría esta nueva composición de gasto familiar en la Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF) a revelarse recién el 2018, y luego cuatro años después ¿Qué pasará entre cada encuesta?
La reforma educacional tendrá implicancias sobre el gasto familiar en educación, toda vez que veremos una creciente migración de colegios subvencionados a particulares pagados (con muy menor intensidad) y de colegios con financiamiento compartido a financiamiento estatal/municipal (con mayor intensidad). Según información proporcionada por el Ministerio de Educación, 33 colegios de educación básica y media habían pasado desde tener financiamiento compartido a ser gratuitos al cierre de 2014.
En términos simples, en estos casos se observó una caída de 100% en sus precios. Considerando que el total de colegios subvencionados es superior a seis mil, el impacto de los cambios ocurridos hasta ahora sería muy menor y, por lo tanto, en el IPC de marzo deberíamos ver los reajustes habituales de educación.
Los cambios más importantes ocurrirán en los próximos años, en la medida que un número creciente de colegios se haga gratuito y esto no sea recogido en la medición del IPC. En efecto, el INE ha señalado, -siguiendo la práctica internacional-, que cuando un bien o servicio se hace gratuito debe ser excluido del cálculo del IPC.
La primera implicancia de lo anterior es que el IPC estará sobreestimando el costo de la educación de las familias chilenas. Su dinámica capturará el alza que continúen teniendo los aranceles y las matrículas de los colegios particulares y los particulares subvencionados que vayan quedando, pero no recogerá el que potencialmente más de seis mil colegios pasarían a ser gratuitos.
Nuestro punto no es debatir sobre la metodología aplicada por el INE para computar el precio de un servicio cuyo precio se hace cero, sino más bien consideramos necesario debatir sobre la frecuencia de la EPF. En efecto, en el grupo de países miembros de la OCDE al cual Chile pertenece, la práctica más común es realizar esta encuesta con frecuencia anual, por lo que nuestro país se ubica entre los que realiza con menor frecuencia su encuesta de presupuesto, situación que se torna más crítica a la luz de un evento de carácter tan relevante en la composición del gasto de una enorme cantidad de chilenos.
El efecto directo de lo anterior es que la EPF pierde representatividad, queda obsoleta y, en casos como este en que un ítem cambia drásticamente su precio, se genera un desalineamiento persistente entre la evolución del precio computado en el IPC y el verdadero precio enfrentado por una familia promedio. Preliminarmente, se podría generar una sobreestimación de la variación en el precio de la educación y, finalmente, del mismo IPC.
En suma, consideramos que los impactos de la migración de colegios a distintas modalidades de financiamiento tendrán efecto en el IPC en el mediano plazo. Será de particular importancia monitorear la migración de financiamiento previa a la próxima EPF y el actuar del INE para recoger estos cambios.
Consideramos urgente que el INE evalúe la opción de aumentar la frecuencia de la EPF, cuyo costo fiscal es menor en comparación a los eventuales costos sociales y económicos de no hacerlo, poniéndose a tono con las mejores prácticas de los países de la OCDE.
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