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Alto contrasteOscar Meriño
En el año 2010 comenzó la implementación de una de las reformas más ambiciosas en materia tributaria de nuestra historia; finalmente se concretaba el inicio de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), tan anhelados por quienes sentían cierta impotencia al no poder oponerse en primera instancia ante un juez independiente, a las objeciones que el SII o la Aduana realizaban a su tributación.
El esfuerzo por concretar esta instancia jurisdiccional fue monumental, hay que decirlo, principalmente porque hubo que modificar estructuras históricas y también culturales de la justicia impositiva nacional, tanto en los contribuyentes como de la propia administración fiscal.
Este hito ha demostrado su valor fundamental a lo largo de estos cinco años, pero como toda obra humana es perfectible, su estructura también ha revelado ciertas debilidades que debían ser subsanadas para cumplir con el espíritu que se tuvo en vista al momento de la generación de esta institución.
En primer lugar la ley había dejado fuera de las facultades del juez, entre otras, la de llamar a las partes a conciliar sus posiciones, facultad que por lo demás es propia de prácticamente toda la judicatura, y de la esencia de la labor de juez como solucionador de conflictos entre las partes.
En un segundo lugar se privaba al juez de referirse a las diversas nulidades que afectaban a las actuaciones de la administración, dejando esta materia para la discusión ante una sede distinta, cuestión que no sólo demoraba en exceso la resolución del conflicto, sino que además le entregaba esa función a un juez no especialista en la materia, con los inconvenientes que ello pudiese traer; y en tercer lugar, una ley anterior había disminuido las plantas de los TTA, lo cual había afectado gravemente su gestión y cumplimiento de tareas.
Estas y otras modificaciones son las que hoy se están intentando subsanar mediante el proyecto de actualización de la justicia tributaria enviada por el gobierno el 30 de enero pasado, lo cual demuestra una intención clara, a nuestro entender, de seguir fortaleciendo esta institución y mejorando aquellos problemas que había tenido en su origen.
El proyecto además se hace cargo de la modernidad en la justicia especial, permitiendo la presentación electrónica de documentación y también su tramitación, lo cual sin duda ayudará a las partes involucradas en el juicio tributario, que desde ya es un proceso complejo, con una gran cantidad de documentación que deben ser manejados y analizados por un grupo reducido de funcionarios.
Estamos seguros que la pronta aprobación de esta ley permitirá, entre otras cosas, soluciones más expeditas a los conflictos tributarios, con un evidente menor costo para las partes involucradas, y con una mejor gestión de los antecedentes entregados como prueba. Esperemos que así sea visto también por quienes hoy tienen que aprobar este proyecto.
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