José Tomás Infante
El término emprendedor se utiliza para describir a un individuo que asume cierto riesgo financiero en una actividad de emprendimiento. En 2014 quedó claro que los chilenos se atreven a tomar riesgos, ya que pese a la desaceleración e incertidumbre económicas, se crearon 98.256 nuevas sociedades, un 15% más si lo comparamos con datos de 2013.
En este ecosistema fértil proliferan las políticas públicas que promueven la innovación, creación y productividad, al tiempo que se afianza la idea de que el desarrollo del país viene de la mano de la aparición de pymes y nuevas oportunidades de negocio. Chile se posiciona así en la lista de países emergentes como uno de los más recomendables para iniciar un negocio.
Esto ha fortalecido la aparición de asociaciones de emprendedores privadas, como la Asech; o públicas, como la Corporación de Fomento de la Producción y su programa Start Up. Si bien Corfo lleva trabajando más de siete décadas, es ahora cuando estas agrupaciones están convirtiéndose en líderes de la opinión, creando conciencia e impulsando las iniciativas que riegan el desarrollo del país.
Los números también hablan por sí solos. Si en 2014 Corfo invirtió en emprendimiento activo más de $20.000 millones, para 2015 los recursos subirán a $27.000 millones, casi el doble de lo que se invertía en emprendimiento hace dos años.
Actores, espacios, organizaciones, dinero. ¿Qué es lo que falta para encontrarnos en un verdadero ambiente pro-emprendimiento en Chile, tras haber dejado atrás uno de los años más fuertes en esta materia? Paracaídas en el valle de la muerte, es decir, ayuda para las empresas que apuestan por lo fresco, en ese punto de la gráfica que marca el arranque de un negocio; y el derribo de las barreras de entrada para acceder a estos programas de ayuda. No hay suficiente apoyo económico y políticas gubernamentales a largo plazo, más allá de turnos políticos. Por otro lado, uno de los buques insignia del emprendimiento chileno, el Start-Up de Corfo, también se enfrenta a nuevos retos y evaluaciones para que sus programas tengan un impacto real en la economía del país. El objetivo es que los fondos no se vayan a emprendedores que vivan fuera de Chile, de forma tal que los dineros invertidos se queden en el país una vez que los microempresarios reciben esta ayuda.
Un toque de credibilidad, ese paracaídas que aguante los ánimos, cuando el riesgo tomado aún tambalea las tablas de resultados.