Opinión
Tribuna libre
Héctor Sánchez
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La reciente encuesta nacional de salud ha arrojado cifras alarmantes para varias enfermedades crónicas, obesidad, cardiovasculares y metabólicas. Respecto del tabaquismo, hábito estrechamente vinculado al cáncer y enfermedades respiratorias obstructivas, muestra que un 40,6% de la población entre 15 y 64 años fuma.
A mediados de los 80 se optó por transformar el modelo de atención en salud debido a la transformación del perfil demográfico y epidemiológico, lo que implicaba enfocarse a soluciones costo-efectivas, muchas de ellas de carácter preventivo. No obstante, poco se ha hecho para cambiar el modelo de atención y definir políticas públicas y de salud pública para enfrentar estos problemas. Respecto del tabaquismo, el gobierno, el ministro de salud, parlamentarios de todos los partidos, sociedades científicas y ONG, coinciden en que la ley publicada el año 2006, es absolutamente insuficiente para cumplir los objetivos para lo cual fue creada y hay unanimidad en que debe cambiarse y ponerse al día con lo alcanzado en países más avanzados en la materia. En el intertanto nos encontramos con dos problemas, uno es el de los adictos al tabaco que en una alta proporción se transforman en enfermos de cáncer o enfermos crónicos con insuficiencia respiratoria grave que provocan altos costos familiares, sociales y económicos para la salud pública y el país. El otro, se refiere a la necesidad de reducir la actual tasa de nuevos fumadores, que ha llevado a que hoy más del 40% declara fumar y en promedio más que antes.
Se ha señalado que actuar sobre los fumadores es caro para el Estado; sin embargo, si se compara con lo que cuesta al país tratar a los enfermos como producto de esta enfermedad puede cambiar la conclusión. El ministro de Salud ha señalado que el costo para el Estado supera los US$ 2.000 millones. Dicha cifra está subestimada, ya que no considera los costos sociales, el ausentismo laboral y la menor productividad de los afectados. Al completar el análisis con las dimensiones antes mencionadas, cambia la conclusión y da el sustento social, político y económico para abordar el problema de intervenir sobre los actuales fumadores partiendo por los grupos jóvenes en que el costo efectividad es mayor.
Recomendamos que el gobierno realice o encargue estudios que permitan complementar los actuales para medir el impacto social y económico que tendrá para Chile en los próximos años que el 40,6 % de la población joven y trabajadora de nuestro país fume hoy en promedio más de diez cigarrillos por día Para evitar el inicio del hábito, se requieren políticas de largo plazo, como un adecuado marco legislativo, promoción de eficientes medidas de control y reducción de consumo. Actuar sobre niños y jóvenes a través de planes de estudios, detección oportuna y medidas de intervención precoz. Recientemente en Barcelona se han efectuado evaluaciones de intervenciones de este tipo y los beneficios superan los costos en 22 veces. Es hora que Chile repita experiencias exitosas en esta dirección para revertir los problemas de salud pública que hoy nos preocupan.
A mediados de los 80 se optó por transformar el modelo de atención en salud debido a la transformación del perfil demográfico y epidemiológico, lo que implicaba enfocarse a soluciones costo-efectivas, muchas de ellas de carácter preventivo. No obstante, poco se ha hecho para cambiar el modelo de atención y definir políticas públicas y de salud pública para enfrentar estos problemas. Respecto del tabaquismo, el gobierno, el ministro de salud, parlamentarios de todos los partidos, sociedades científicas y ONG, coinciden en que la ley publicada el año 2006, es absolutamente insuficiente para cumplir los objetivos para lo cual fue creada y hay unanimidad en que debe cambiarse y ponerse al día con lo alcanzado en países más avanzados en la materia. En el intertanto nos encontramos con dos problemas, uno es el de los adictos al tabaco que en una alta proporción se transforman en enfermos de cáncer o enfermos crónicos con insuficiencia respiratoria grave que provocan altos costos familiares, sociales y económicos para la salud pública y el país. El otro, se refiere a la necesidad de reducir la actual tasa de nuevos fumadores, que ha llevado a que hoy más del 40% declara fumar y en promedio más que antes.
Se ha señalado que actuar sobre los fumadores es caro para el Estado; sin embargo, si se compara con lo que cuesta al país tratar a los enfermos como producto de esta enfermedad puede cambiar la conclusión. El ministro de Salud ha señalado que el costo para el Estado supera los US$ 2.000 millones. Dicha cifra está subestimada, ya que no considera los costos sociales, el ausentismo laboral y la menor productividad de los afectados. Al completar el análisis con las dimensiones antes mencionadas, cambia la conclusión y da el sustento social, político y económico para abordar el problema de intervenir sobre los actuales fumadores partiendo por los grupos jóvenes en que el costo efectividad es mayor.
Recomendamos que el gobierno realice o encargue estudios que permitan complementar los actuales para medir el impacto social y económico que tendrá para Chile en los próximos años que el 40,6 % de la población joven y trabajadora de nuestro país fume hoy en promedio más de diez cigarrillos por día Para evitar el inicio del hábito, se requieren políticas de largo plazo, como un adecuado marco legislativo, promoción de eficientes medidas de control y reducción de consumo. Actuar sobre niños y jóvenes a través de planes de estudios, detección oportuna y medidas de intervención precoz. Recientemente en Barcelona se han efectuado evaluaciones de intervenciones de este tipo y los beneficios superan los costos en 22 veces. Es hora que Chile repita experiencias exitosas en esta dirección para revertir los problemas de salud pública que hoy nos preocupan.
