A solo días de la aprobación en general de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y en el marco de su segundo trámite constitucional, el Ejecutivo presentó indicaciones con las que reveló sus primeras cartas tras decidir continuar con la tramitación del articulado presentado bajo la administración anterior, con Maisa Rojas en la cartera de Medio Ambiente.
Y aunque en esta primera presentación se proponen ajustes menores de redacción, también se advierten cambios de contenido que no pasaron desapercibidos por su relevancia, siendo uno de ellos el que ha sido más debatido en los intentos por reformar el SEIA: el Comité de Ministros.
En el texto que estaba se proponía la eliminación de esta instancia por considerarla “muy política”. Su supresión implicaba que las reclamaciones contra los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) serían resueltas por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En un giro inesperado, el Gobierno decidió reponer este grupo de decisión.
“En contra de la resolución que califique ambientalmente un EIA, procederá el recurso especial de reclamación ante un comité integrado por los Ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los ministros de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Agricultura; de Energía, y de Minería”, se señala en el escrito al que tuvo acceso DF.
De hecho, haciendo eco del ímpetu que le ha dado el gobierno al Comité de Ministros, el ajuste propone establecer en el texto que “el Comité deberá sesionar con la periodicidad necesaria para el oportuno conocimiento y resolución de las reclamaciones de su competencia y, en todo caso, a lo menos diez veces por año”. De lo anterior, se infiere que el gobierno busca que el trabajo de este Comité no esté determinado a una administración de turno sino que mantenga un ritmo constante de sesiones.
Fuentes del Ministerio del Medio Ambiente explicaron a DF que la decisión de reponer esta polémica instancia se explica porque durante el debate en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, expertos de distintos sectores han formulado reparos a una figura unipersonal en la resolución de las reclamaciones de los diversos proyectos de inversión.
Existen críticas en el Congreso por el riesgo de captura y la falta de una mirada más amplia en la toma de la resolución si es que se eliminara el Comité de Ministros y quien resolviera las reclamaciones fuera el director del SEA.
Estas fuentes agregaron que existen críticas por el riesgo de captura y la falta de una mirada más amplia en la toma de la resolución.
En ese contexto, una de las alternativas planteadas es mantener el Comité de Ministros, mientras otra propuesta que también ha salido en la discusión legislativa apunta a crear un órgano colegiado, similar a la estructura de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Desde el ministerio indican que están abiertos al debate y a trabajar una propuesta en conjunto con los diputados de la comisión, donde ha existido una amplia disposición para alcanzar consensos en esta materia.
Y reafirman desde la entidad que, dada la relevancia de esta institucionalidad para el país, “es necesario lograr acuerdos lo más amplios posible, con el fin de diseñar un sistema que tenga consenso respecto de la forma en que se califican los proyectos ambientales en Chile”.
Cabe indicar que con Francisca Toledo como titular de Medio Ambiente se ha insuflado un gran dinamismo a esta instancia.En menos de 90 días se han destrabado más de 50 proyectos que mantenían reclamaciones ante el Comité de Ministros o la Dirección Ejecutiva del SEA, involucrando inversiones cercanas a los US$ 15 mil millones.
Acotar “impacto acumulativo”
Otro ajuste relevante es respecto al “impacto acumulativo”, el cual en el texto emanado del Senado es entendido como “aquel impacto ambiental que resulta de los efectos sucesivos, incrementales o combinados de un proyecto o actividad en un área o componente determinado, que se pueden sumar a los efectos de otros proyectos o actividades existentes en el territorio”. Al respecto, el Ejecutivo propone agregar en esa definición “que se encuentren en operación”.
En otras palabras, con esta disposición se buscaría acotar para que no se considere cualquier iniciativa a la hora de evaluar el impacto acumulativo, considerando solo lo que está operando.
La tarde de este miércoles sesionó la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para iniciar la discusión en particular de la iniciativa, pero no hubo menciones a las indicaciones ingresadas tanto por el Ejecutivo como algunos diputados. En la cita -en la que estuvo presente la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo- expuso el exministro de la cartera, Pablo Badenier; y el académico Manuel José Barros.
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