El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, firmó este martes en Arica el primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), que el Estado suscribe exclusivamente con una empresa privada. El acuerdo habilita a Quiborax S.A. a desarrollar un proyecto para recuperar litio contenido en residuos mineros históricos de la planta El Águila.
La iniciativa apunta a valorizar ripios acumulados en esa instalación, donde la empresa procesa ulexita extraída del Salar de Surire, bajo un modelo de economía circular. El contrato no contempla exploración ni explotación de litio en salares, tampoco la apertura de nuevas faenas extractivas ni el procesamiento de descartes que se generen después del inicio del acuerdo.
En la ceremonia participaron el delegado presidencial de Arica y Parinacota, Cristián Sayes; el delegado presidencial de Parinacota, Sebastián Huerta; el gobernador regional, Diego Paco, y el gerente general de Quiborax, Allan Fosk.
El secretario de Estado vinculó la firma con la necesidad de atraer proyectos privados a la industria. “Desde el gobierno hemos estado analizando diferentes alternativas para dinamizar el desarrollo de la industria del litio y atraer inversión privada para explorar este recurso clave para la transición energética, en beneficio de todos los chilenos. El gobierno del Presidente Kast en este asunto tiene una visión clara: Chile tiene que prepararse para aprovechar el siguiente ciclo del litio, porque el anterior no se aprovechó”, afirmó Mas.
Plazo hasta 2046
El CEOL estará vigente hasta que Quiborax procese y comercialice un volumen cercano a 20 mil toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE, sigla en inglés) o hasta el 31 de diciembre de 2046, lo que ocurra primero.
La etapa inicial considera la determinación de reservas efectivas, la evaluación de factibilidad económica y técnica, además de la tramitación de permisos ambientales y sectoriales. Luego de esa fase, el proyecto podría avanzar a ingeniería, evaluación ambiental y construcción dentro de un plazo de cinco años. De materializarse, la iniciativa implicaría una inversión estimada en US$ 70 millones y un aumento superior a 20% en la dotación de trabajadores de Quiborax.
Mas sostuvo que el Ejecutivo busca despejar obstáculos normativos para destrabar inversiones. “Las oportunidades no se traducen automáticas en progreso sin una institucionalidad sólida y predecible que entregue certezas jurídicas a los inversionistas. Necesitamos que los particulares tengan un marco normativo que dé garantías para que haya un interés por desarrollar esta industria”.
El biministro añadió que la cartera trabaja con titulares de CEOL que han sido representados por Contraloría para corregir sus condiciones y permitir que los proyectos avancen. “Creemos que hay poca inversión, que ha sido engorroso el proceso y lo que diagnosticamos es que faltan certezas, por eso estamos trabajando con titulares de los CEOL representados por Contraloría para que puedan corregirse y llegar a puerto. Lo que queremos es que se explote la mayor cantidad de salares posibles para que generen empleo y mejoren las condiciones de vida, precisamente a los chilenos”.