Más de 2,4 toneladas de jurel, cuya procedencia no pudo ser acreditada, fueron decomisadas tras un operativo carretero liderado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en la Ruta del Itata, que conecta Concepción y Chillán. Los involucrados en el hecho habrían infringido la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Durante el procedimiento, que también comprometió al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a Carabineros, se interceptó un furgón que transportaba el recurso, sin que sus ocupantes pudieran exhibir los documentos tributarios y pesqueros correspondientes para acreditar la procedencia legal de la carga.
El operativo forma parte de los esfuerzos interinstitucional para frenar el mercado negro de recursos marinos, una práctica que genera competencia desleal para el sector pesquero formal y amenaza el equilibrio de las cuotas de captura.
Iván Oyarzún, director regional (S) de Sernapesca Biobío, explicó que “en conjunto con las instituciones que integran la Red Sustenta, como Carabineros y el SII, nos desplegamos con nuestros equipos para garantizar que la cadena de valor de los recursos del mar en la región, cumpla con lo establecido en la norma. Así, se respalda el desarrollo sustentable de la actividad pesquera en la región, que es una fuente de ingresos y empleo para cientos de personas”, declaró.
Escenario del jurel
El decomiso se da en un momento crítico para el sector pesquero, pues este recurso, uno de los más importantes que se extraen y procesan en la Región del Biobío, tanto por el sector industrial como artesanal, ha experimentado una disminución importante en las costas chilenas debido a un aumento en la temperatura de las aguas. Si bien en las últimas semanas ha reaparecido en condiciones de ser capturado, la cuota de los industriales, sigue estando por debajo del promedio histórico.
Desde Pescadores Industriales del Biobío, valoraron la incautación. “Este operativo demuestra que la coordinación entre las instituciones del Estado es fundamental para enfrentar un fenómeno que se ha vuelto cada vez más complejo”, declaró el abogado del gremio, Francisco García.
Pesca ilegal
García agregó que “la pesca ilegal no sólo amenaza la sustentabilidad de los recursos pesqueros y pone en riesgo la salud de los consumidores, también constituye una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la zona centro sur del país, generando economías ilícitas que desafían el Estado de Derecho”.
Las autoridades fiscalizadoras reiteraron que mantendrán los controles para proteger la sostenibilidad de la especie y la economía del sector, bajo una estricta trazabilidad respecto de su extracción, procesamiento y transporte.
En esa línea, desde Pescadores Industriales consideran que es indispensable fortalecer y profundizar las labores de fiscalización e inteligencia, tanto en tierra como en el mar, en carreteras y ferias libre, dotando a las instituciones de mayores capacidades y herramientas para perseguir estas redes delictuales. “Combatir la pesca ilegal es proteger la sustentabilidad de los recursos marinos, resguardar el empleo de miles de familias del Biobío y defender una actividad estratégica para el desarrollo económico del país”.
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