Junto con la disputa de dos fiscales de Rancagua –que instalan las controversias dentro del Ministerio Público en primera línea, incluso por sobre los importantes casos investigados–, los conflictos que protagoniza hace meses la Contraloría ante la opinión pública son dos de los casos que mejor grafican la actual crisis institucional por la que Chile atraviesa. En los últimos días estalló un nuevo escándalo en Teatinos 56, la sede de una institución que en otros tiempos –liderada por Enrique Silva Cimma en los años ’60 o Arturo Aylwin en los ’90 y comienzos de los 2000– cumplía en silencio y en estricto bajo perfil la fiscalización del Estado. En estos días, sin embargo, no para todos parece evidente que cuando son las autoridades de la Contraloría la noticia y no sus pronunciamientos, se hiere en buena parte la tradición institucional de un organismo históricamente neutral.
El contralor Jorge Bermúdez, que asumió a fines de 2015 por un período de ocho años, hace una semana despidió al jefe de la Dirección de Análisis Contable de la institución, Patricio Barra, junto a otros dos funcionarios, Ignacio Tapia y Pablo Soto. Según presumen los afectados –los tres ingenieros civiles industriales de la Universidad de Chile–, las desvinculaciones serían una represalia por haber encendido las luces de alerta en febrero pasado sobre las diferencias de criterio con que el organismo calcula los déficits y superávit de las diversas municipalidades. Esta versión fue rechazada por Bermúdez, que el miércoles en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados defendió su decisión de remover a los funcionarios –“después de tres años y medio, tengo derecho a hacer ajustes en el equipo”, indicó– y reiteró que no existen diferencias de criterios en las auditorías de los municipios, como lo había indicado ante el Congreso el propio Bermúdez en abril pasado, luego de que la trama estallara públicamente.
En el caso conviven al menos tres campos que convendría distinguir.
En primer lugar, el asunto de las supuestas diferencias de criterios para evaluar las finanzas de los municipios. Bermúdez lo niega, pero hasta ahora es un asunto que –salvo por la palabra del propio contralor– sigue dejando preguntas abiertas. ¿Existen fórmulas contables diferentes usadas de manera discrecional al interior de la Contraloría para evaluar las finanzas de los municipios o, por el contrario, prevalece un criterio único a nivel nacional para calcular sus déficits y superávits? Si la Contraloría tiene diferentes maneras de efectuar estas mediciones, como aseguraron los tres funcionarios del órgano, ¿es posible siquiera comparar unos resultados y otros? ¿Este problema –de existir– se trata de un asunto histórico que le reventó en la cara a Bermúdez? Las competencias que la ley actual le da a la figura unipersonal del contralor, sin mayores contrapesos, dificulta la respuesta rápida y transparente a estas interrogantes.
Un segundo asunto tiene relación con la figura del propio Bermúdez, porque parece imposible no enlazar este nuevo caso con el extenso, mediático y polémico enfrentamiento que sostuvo con la que fuera su mano derecha, la subcontralora Dorothy Pérez, a la que no pudo sacar del organismo, luego de perder en consecutivas instancias judiciales, incluida la Corte Suprema. Bermúdez, a partir de entonces, es un contralor con el ala rota.
De acuerdo a la versión que da a conocer ahora el ingeniero Barra, cuando el contralor fue alertado en febrero sobre los diferentes criterios para medir a los municipios, su primera preocupación habrían sido las consecuencias personales: “¿Ustedes no han visto que (Rodolfo) Carter, (alcalde de La Florida) puso un inserto a página completa en el diario en mi contra? ¿Se imaginan las consecuencias para mí si se filtra que el cálculo está mal?”, habría dicho el contralor, según el que fuera jefe de la Dirección de Análisis Contable de la institución, que ha judicializado su salida, como lo hiciera hace meses la subcontralora Pérez.
Sus detractores acusan que existe en Bermúdez una especie de constante interés por la figuración. En su gestión ha impulsado algunas iniciativas llamativas, como la de la creación de “Contralorito”, un personaje institucional que supuestamente lucha contra la corrupción. En un intento por constituir una institución cercana y entretenida –acorde a los nuevos tiempos, posiblemente–, en la Contraloría se parece haber olvidado la naturaleza misma del órgano.
Un tercer aspecto tiene relación con las consecuencias de los diferentes episodios. De partida, lo de mayor gravedad parece ser la politización de la institución. Un partido, la UDI, pide la cabeza de Bermúdez, porque lo acusa de perseguir a sus alcaldes (la Contraloría detectó un déficit de $20.000 millones en las arcas de La Florida y $17.500 millones en las finanzas de Viña del Mar, liderada por Virginia Reginato). El propio Bermúdez habló el miércoles de una persecución política en su contra –“cada vez la siento más”, dijo en el Parlamento al ser consultado por los periodistas–, mientras que la oposición se cuadró para blindarlo ante la arremetida gremialista. El mundo político se moviliza en torno al caso, incluso el gobierno, que el martes pareció darle un espaldarazo con la reunión con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a propósito de la agenda de modernización de las instituciones anunciada en la cuenta pública.
¿Es sustentable un contralor que tenga a la clase política dividida en torno a su figura y que deba asegurarse los apoyos para evitar una acusación constitucional, la única forma de removerlo?
La Contraloría está quebrada entre los que lo apoyan y los partidarios de Dorothy Pérez, la segunda a bordo. Es decir, un ambiente laboral insufrible por la distancia irreparable entre las dos primeras autoridades de la institución que no se dirigirían la palabra.
A un año de las municipales, un manto de dudas sobre las finanzas de los municipios. En otras palabras: la mejor noticia posible para los que efectivamente tenían sus arcas con importantes déficits.
No son buenos tiempos para una institución que cumple un papel central para el cumplimiento del derecho público. Hace tiempo ronda en el ambiente una pregunta –¿quién controla al contralor?– por lo que probablemente los cambios institucionales que impulsaría La Moneda estarían en la línea de conformar un órgano colegiado, tipo Banco Central. Bermúdez debería ponerse a la cabeza de los cambios, en vez de resistirlos.
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