Socio fundador del estudio de Ortúzar, Vergara & Boetsch Abogados, Álvaro Ortúzar tiene una larga y reconocida trayectoria en solución de controversias; sin embargo, en esta conversación con Diario Financiero entra de lleno al ámbito constitucional, sumándose a la preocupación que en su entorno existe acerca del nuevo proceso constituyente, pero se muestra partidario de que el Congreso diseñe nuevo marco para el órgano encargado de la redacción.
-¿Cómo debería quedar protegido el derecho de propiedad en la Constitución?
-El derecho de propiedad es un pilar fundamental y tiene que ser resguardado junto con el derecho a la propiedad, ambos están íntimamente relacionados con la libertad económica. Y se expresa en la igualdad ante la ley, en el derecho a no ser discriminado arbitrariamente en materias económicas, en la obligación de no discriminar en los impuestos. Es decir, toda una estructura que apunte equilibradamente a que la protección de la propiedad en la Constitución, porque es la garantía del desarrollo de la actividad económica.
-¿Cómo se asegura eso?
-Deben existir controles para que no se produzcan excesos o abusos. Entonces, lo que existe debe mejorarse a través de un proyecto que logre satisfacer las necesidades sociales y el desarrollo empresarial. Ese equilibrio no es tan difícil de obtener, pero todo el país está dispuesto a contribuir a él, lo que no es aceptable es que el Estado tenga un papel apropiador, preponderante, abusivo, controlador de las actividades económicas.
-¿Qué opina del trabajo previo que se está realizando en el Congreso para un nuevo proceso constituyente?
-Creo que este acuerdo parlamentario y lo que se llamaría bases de la institucionalidad son muy importantes porque fijan el marco de acción democrático, un mandato muy claro sobre el que deberá trabajar el organismo. El Estado debe proteger que la libertad económica se desarrolle y no debe intervenir de manera excesiva en las regulaciones. El miedo que el Estado trata de trasmitir, de que los particulares desatienden los derechos sociales no es verdadero. Los particulares o las empresas cada vez más atienden las necesidades sociales. Me gusta que haya un acuerdo previo.
-¿Qué lectura cree que se debería hacer del triunfo del Rechazo?
-Creo que lo que ha expresado el país es que no quiere más insensateces. El país quiere tener la oportunidad de trabajar, de desarrollarse. La personas quieren que sus derechos y sus obligaciones estén claros; que el poder del Estado no sea aplastante, sino que permita e impulse el desarrollo; que se corrijan pensiones, salud, educación, pero no transforme este país en algo distinto.
-Si el nuevo proceso recoge esta aspiración de la gente, ¿se terminaría la incertidumbre que afecta a la economía, por ejemplo?
-El proyecto debería propender a dar certidumbre a las personas respecto de sus derechos y a los empresarios de que se van a respetar las reglas del juego. Los empresarios siempre han estado abiertos a discutir cuáles serán las reglas del juego, siempre han estado abiertos a incorporar más derechos para los trabajadores, pero fijar esas reglas del juego requiere de las dos partes.
-¿Se puede esperar que concluido el proceso constituyente con una buena Constitución y despejada esa incertidumbre la economía repunte?
-Sí. La certeza jurídica es un principio fundamental y no solo desde el punto de vista económico, si las personas no tienen certezas en la vida, si no existe una certeza clara de qué desarrollo empresarial queremos, esto es un caos. Por lo tanto, la Constitución debe establecer principios fundamentales y debe garantizarlos todos y, desde luego, la economía. Y eso produce la certeza de que una empresa o un privado va a invertir, porque sabe que si llegara a recibir algún ataque del Estado, los remedios que provee la Constitución van a ser efectivos.
-¿Con el triunfo del Rechazo se terminó el gobierno de Boric o si se concreta una nueva Constitución parte el gobierno de Boric?
-Creo que lo que va a ocurrir es que el programa del Gobierno tendrá que adecuarse al nuevo proyecto constitucional, porque va a incorporar obligaciones del Estado que son muy claras, va a establecer cómo debe funcionar. Por lo tanto, si hay un programa de Gobierno que estaba pensado para destruir las instituciones y para capturar el poder económico no va a ser posible y el Presidente va a tener que adecuarse, porque tiene que respetar la Constitución.
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