Al fin está ingresada la reforma constitucional con la que se da inicio al segundo intento para que Chile tenga una nueva Constitución. La próxima semana comenzará la tramitación de este proyecto que en un texto de 21 páginas se hace cargo de los acuerdos políticos alcanzados entre las distintas fuerzas que tienen representación en el Congreso Nacional. ¿Qué tiene que esperar la ciudadanía si se aprueba tal como está ingresado?
Por lo pronto, los chilenos nos tenemos que preparar para volver a las urnas, en el marco de un proceso constituyente, el 14 de mayo de 2023. Fecha en que se deberá elegir a los 50 integrantes del Consejo Constitucional y a uno o más representantes de los pueblos originarios. La forma de elección que este proyecto define como “reglas especiales” asegura que no estén sobrerrepresentados en el consejo, lo que subsanaría uno de los errores que se percibió en el proceso anterior. De hecho, no habrá escaños reservados. En cambio, según la moción ingresada “las declaraciones de candidaturas correspondientes a pueblos indígenas serán uninominales y formarán una única circunscripción nacional de pueblos indígenas”.
También se corrige el tema de la participación de los independientes, pues ahora deberán postular en listas de los partidos políticos.
Itinerario del nuevo proceso
Por su parte, la Comisión Experta cuyo trabajo será el principal insumo del Consejo Constitucional deberá instalarse en las dependencias del Congreso Nacional en Santiago el 6 de marzo de 2023, para iniciar el proceso de redacción del anteproyecto de la nueva Constitución. Y tiene un plazo máximo de tres meses para completar su labor. Así, el 6 de junio del mismo año debería concluir su labor y entregar el insumo al Consejo Constitucional, que tomaría la posta, iniciando la redacción del texto definitivo cumplidos los plazos que determine el Servicio Electoral y cumplidos los trámites de ratificación de las candidaturas electas por el Tribunal Electoral.
Algunos calculan que máximo en julio de 2023, el Consejo estaría en condiciones de iniciar su labor. Para ello tendrá un plazo de cuatro meses desde su instalación, por lo que máximo en noviembre debería estar redactada la nueva propuesta de texto. Sin embargo, aún restará un mes para su entrega oficial, en el que trabajarán los expertos en la armonización del documento para que sea aprobado por el Consejo Constitucional.
Plebiscito y cambio en la pregunta
Acto seguido, será entregada al Presidente de la República, quien deberá convocar a un plebiscito de salida dentro de los tres días siguientes, mediante decreto supremo exento, para que el electorado se pronuncie sobre la propuesta. Este referéndum deberá efectuarse 45 días después de la publicación del decreto supremo en el Diario Oficial, si ese día fuera domingo, o el domingo inmediatamente siguiente.
Tal vez para no evocar el mal resultado del primer proceso constituyente o para no atraer va la mala suerte, se modificó tanto la pregunta como la respuesta en el plebiscito. Atrás queda la molesta sombra del “Apruebo” y “Rechazo”, que los parlamentarios están decididos a borrar con el nuevo proceso.
De ahí que llegado el momento del plebiscito, a la ciudadanía que deberá acudir obligatoriamente a las urnas, se le entregará una cédula electoral que contendrá la pregunta: "¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?" y bajo la consulta las opciones de respuesta serán “a favor” y “en contra”.
¿Cuánto ganarán?
El tema de la remuneración fue debate, pero finalmente se zanjó en que quienes participen en los órganos del proceso deben recibir retribución por su labor. Los integrantes del Consejo Constitucional recibirán una dieta mensual de 60 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, unos $ 3.700.000 a moneda de hoy; además de las asignaciones que se establezcan exclusivamente para ser destinadas a la asesoría legislativa, a través de asignaciones exclusivamente para ese ítem y que serán administradas por un comité externo.
Los integrantes de la Comisión Experta también recibirán una dieta mensual, pero esta será la mitad de lo que ganen los consejeros, llegando a 30 UTM, es decir, cerca de $ 1.840.000; mientras que los integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad recibirán una retribución de 10 UTM ($ 611.570) por sesión celebrada, con un tope de 30 UTM al mes.
Inhabilidades antes y después
Por lo pronto, la reforma deja absolutamente en claro que las personas que hayan integrado la Convención Constitucional, no podrán ser candidatos a cargos en los nuevos órganos, ya sea el Consejo Constitucional, la Comisión Experta ni en el Comité Técnico de Admisibilidad.
Pero también restringe las aspiraciones políticas en otros cargos de elección popular de quienes sí las integren, por lo menos en el corto y mediano plazo; ya que establece que las personas que se hayan desempeñado como integrantes del Consejo Constitucional, Comisión Experta o en el Comité Técnico de Admisibilidad no podrán ser candidatos a las próximas elecciones de Presidente de la República, diputado, senador, gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
gobierno
