El martes, el Papa León XIV anunció el nombramiento de María Montserrat Alvarado como nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación. La periodista mexicana es la primera mujer laica en encabezar el organismo encargado de coordinar la estrategia comunicacional de la Santa Sede.
Nacida en Ciudad de México, y hasta su nombramiento en el Vaticano, presidenta y directora de operaciones de EXTN News, Alvarado desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos. Entre 2009 y 2023 ocupó distintos cargos en Becket Fund for Religious Liberty, una organización dedicada a la defensa de la libertad religiosa. Desde ahí le tocó defender públicamente la postura de la iglesia católica en el caso “Sandra Pavez contra Chile” que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La causa tiene su origen en 2007, cuando la profesora de religión Católica del Complejo Educacional Municipal Cardenal Antonio Samoré de San Bernardo, Sandra Pavez, perdió el certificado de idoneidad que le había otorgado la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo luego de que se conociera que mantenía una relación con otra mujer.
Ese certificado era un requisito exigido por la normativa chilena para impartir clases de religión católica en establecimientos educacionales. La medida le impidió seguir enseñando esa asignatura, aunque continuó trabajando en el colegio y fue reasignada a un cargo directivo.
Apoyada por Movilh, Pavez presentó un recurso de protección por vulneración de derechos ante la Corte de Apelaciones de San Miguel que fue rechazado el 27 de noviembre de 2007, y ratificada por la Corte Suprema el 17 de abril de 2008.
Tras perder recursos en tribunales chilenos, acudió al sistema interamericano alegando que el Estado había permitido una discriminación basada en su orientación sexual. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana.
Fue en esa etapa cuando intervino Becket Fund for Religious Liberty, comandado por Alvarado.
La organización presentó ante la Corte un amicus curiae, figura jurídica que permite a terceros ajenos al juicio entregar antecedentes y argumentos para ayudar a los jueces en el análisis de un caso.
Becket no representaba ni al Estado chileno ni a la Iglesia Católica directamente, pero participó en contra de la posición de Pavez argumentando que la Corte Interamericana debía considerar criterios ya aplicados por tribunales de Estados Unidos y Europa respecto de la autonomía de las instituciones religiosas.
Mientras el caso seguía abierto, la periodista mexicana expuso en 2021 la posición en el panel Fulton, Pavez, and the Future of Religious Freedom in America, organizado por ADF International con el patrocinio del International Center for Law and Religion Studies.
En el encuentro participaron también el senador republicano por Utah Mike Lee; el abogado chileno Branislav Marelic, representante de Sandra Pavez; y el académico argentino Juan Navarro Floria.
Durante la conversación, Alvarado explicó que el aporte de Becket consistía en presentar ante la Corte Interamericana la experiencia de la jurisprudencia estadounidense en materia de autonomía religiosa.
“Nuestro enfoque en el caso Pavez es realmente dar la estructura de lo que ha sucedido en los últimos 11 años en la ley de autonomía religiosa aquí en los EE.UU. (...) y lo que es posible para la autonomía religiosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y específicamente para Chile”, señaló.
Según sostuvo, que la escuela fuera estatal no eliminaba la facultad de las instituciones religiosas para decidir quiénes podían enseñar oficialmente su doctrina.
“No dejas tu libertad religiosa en la puerta en el momento en que te asocias con el gobierno de alguna manera para hacer algo bueno”, afirmó.
En el panel, Alvarado debatió con el abogado de Sandra Pavez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el que a su vez sostenía que el caso no buscaba cuestionar la religión, sino una situación de discriminación.
“Creo que Branislav sostuvo que se está erradicando a las personas LGBTQ del ámbito de la enseñanza religiosa, y eso en realidad no es cierto. Lo que se está haciendo es pedirle a un grupo religioso que cambie sus creencias religiosas y permitir que el gobierno utilice todo tipo de herramientas, como las leyes antidiscriminación, para emplearlas en contra de creencias religiosas impopulares o incomprendidas”, sostuvo la mexicana.
Más allá del debate, la posición defendida por la nueva encargada de comunicaciones del Vaticano no fue la que finalmente prevaleció.
El 4 de febrero de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado de Chile era responsable por vulnerar los derechos de Sandra Pavez, entre ellos la igualdad y no discriminación, la vida privada y las garantías judiciales.
El tribunal determinó que la revocación de su certificado de idoneidad estuvo vinculada a su orientación sexual y ordenó medidas de reparación a su favor.
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