El humo llegó a las narices de uno de los grandes empresarios de la industria forestal chilena. A principios de febrero, Roberto Angelini, controlador de Empresas Copec, de la que depende Arauco, estaba en su campo en Coelemu, pueblo costero de la provincia del Ñuble, cuando el humo empezó a inundarlo todo. Pero en vez de partir a Santiago, decidió quedarse para seguir desde ahí el curso de los acontecimientos.
Arauco tiene su centro de operaciones en Concepción, y ahí funciona la Central Unificada de Incendios. Ahí se generan las alertas cuando se inicia el fuego. Y es en ese lugar desde donde se monitorean nuevos focos y al que llegan los ejecutivos de la compañía que han liderado esta emergencia, además de alcaldes, delegados presidenciales e incluso ministros.
Desde ahí también se hace la detección temprana y el despacho de recursos. Se trata de un sistema de cámaras con inteligencia artificial que detectan el humo en un radio de 50 kilómetros, lo georeferencian y de inmediato envía recursos aéreos para ir a apagar las llamas. “La idea es dar el primer golpe para atacar el inicio del fuego fuerte y rápido, el problema este año es que no existen recursos suficientes a nivel país cuando hay 70 focos en paralelo, se te empiezan a arrancar de las manos”, explica un ejecutivo de la firma.
La emergencia en Arauco ha sido enfrentada en terreno por el vicepresidente del Negocio Forestal de Arauco, Iván Chamorro y su equipo, el gerente de patrimonio forestal, Ricardo Austin, y Ramón Figueroa, subgerente de prevención y combate.
Otro miembro de este equipo que se ha desplegado en estas semanas es Mauricio Leiva, el gerente de Asuntos Públicos de la compañía, cargo que asumió hace dos meses y del cual dependen subgerentes en cada una de las regiones donde opera Arauco que realizan el trabajo de vinculación con autoridades locales y comunidades.
CMPC, en tanto, tomó una determinación desde el inicio de las llamas: saldrían a la primera línea a contar lo que estaban haciendo, a mostrar su despliegue en terreno e incluso se atrevieron a hacer videos en redes sociales -algo que nunca habían hecho- con el título “Derribando mitos”, donde hacen una especie de fact checking de temas vinculados a la industria forestal y los incendios. Además, encabezaron una campaña en radio para mostrar cómo se están moviendo en la zonas afectadas para enfrentar los siniestros que ya suman 457 mil hectáreas afectadas.
El domingo 5 de febrero el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, decidió suspender sus vacaciones y partió raudo al sur. Desde esa fecha, está instalado en Los Ángeles, donde CMPC tiene sus oficinas centrales, y ahí se mantiene hasta ahora, a la espera del control de las llamas que por estos días han azotado con mayor fuerza la zona de Coronel.
Él mismo ha encabezado las conversaciones y ha dado diversas entrevistas a los medios (en Arauco, el vicepresidente ejecutivo, Matías Domeyko, y el gerente general, Cristián Infante, han optado por un perfil más bajo).
Unos días más tarde se le unió Guillermo Turner, gerente de Asuntos Corporativos de la papelera. Ambos se han mantenido en la zona visitando comunidades, conversando con alcaldes, delegados presidenciales y gobernadores y monitoreando en terreno todo el aparataje de la firma para hacer frente a la emergencia, que según lo informado por la empresa esta semana ya suma 22.500 hectáreas afectadas por los incendios y frente a lo cual calculan un potencial impacto de US$ 56 millones.
La Central Unificada de Incendios de Arauco en Concepción, se ha transformado en un punto neurálgico para monitorear la emergencia.
El puente con Monsalve y los enlaces
Pese a las declaraciones cruzadas que ha habido en las últimas semanas entre el gobierno y el sector privado por las responsabilidades que le cabrían a la industria forestal en los incendios, desde CMPC y Arauco le bajan el perfil a la polémica. Dicen que una cosa es lo que sale en los medios y las declaraciones que se hacen desde el gobierno y desde los gremios, pero que en esta emergencia la comunicación ha sido fluida.
El canal institucional es a través de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, el gremio que agrupa a las empresas forestales del país, cuyo presidente es Juan José Ugarte. Fue él quien se reunió el domingo 4 de febrero con el Presidente Gabriel Boric, la vocera, Camila Vallejo, y el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, para acordar visiones conjuntas en la emergencia. Y desde esa fecha, el gremio se hizo parte de la reunión nacional del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, Cogrid, donde se reúnen los actores clave para enfrentar la emergencia.
Desde las forestales, en todo caso, no dudan en que su principal interlocutor es el subsecretario de Interior Manuel Monsalve. Con él las compañías ya tenían un vínculo producto de la agenda de seguridad en La Araucanía y el Biobío, pero los puentes venían desde antes, dice una persona de su equipo: “Con el mundo forestal hay un canal más allá de la seguridad y la emergencia, sino que también con su rol de parlamentario. Y varias veces desde veredas distintas a las forestales; eso no ha impedido la buena relación”. Y desde la industria confirman: “El subsecretario fue muchos años diputado por la provincia de Arauco, maneja muy bien la realidad local y hay un conocimiento previo”, explica una persona de Arauco.
En CMPC son el presidente de la compañía, Luis Felipe Gazitúa; Francisco Ruiz-Tagle y Guillermo Turner, quienes tienen la interacción más cercana con el gobierno. En Arauco, esa relación la lleva el gerente de Personas y Sostenibilidad, Charlie Kimber, y Mauricio Leiva. Asimismo, ambas empresas se coordinan entre sí. Ahí las relaciones se dan principalmente Turner y Ruiz-Tagle con Kimber.
Pero más allá de esos contactos, durante la emergencia se han dado condiciones que no se repiten en la normalidad del día a día. La figura de los ministros de enlace distribuidos por diversas regiones, ha permitido a los ejecutivos de las empresas tener conversaciones informales con muchos de ellos, sin el trámite de tener que pasar por Ley de Lobby para pedir audiencias.
Se han encontrado en albergues, en reuniones de los Cogrid regionales y comunales, o cuando ha habido alguna emergencia habitacional, y eso ha permitido a las empresas tomar la temperatura de la realidad del discurso gubernamental.
Diversos ejecutivos confirman que se han encontrado con los ministros de Vivienda, Carlos Montes; Esteban Valenzuela, de Agricultura; de Obras Públicas, Juan Carlos García; de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y en los últimos días con las ministras de Bienes Nacionales, Javiera Toro, y de la Mujer, Antonia Orellana.
“Los niveles de tensión en la interna son menores a lo que se percibe para afuera. Es evidente que ha habido tiras y aflojas en temas como la intencionalidad, la discusión que se abrió sobre un royalty y diversas creencias que existen sobre la industria forestal y los monocultivos, pero en terreno, en la práctica no ha pasado de ser dimes y diretes, porque al final estamos todos todavía en emergencia. La actitud ha sido más de, ‘chuteemos la conversa para marzo’ y ahora pongamos todos los recursos en esto”, esgrime un ejecutivo de Arauco.
Y confirman desde CMPC: “Me parece que hemos tenido muy buena sintonía con los gobernadores regionales, alcaldes, delegados y delegadas presidenciales y también con los ministros que han estado en las regiones para abordar esta crisis”, dice el gerente general Francisco Ruiz-Tagle.
El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle suspendió sus vacaciones el 5 de febrero y desde esa fecha está instalado en el sur monitoreando la emergencia.
Conejos, militares e intencionalidad
Sin embargo, la tensión sobre la intencionalidad de los siniestros ha ido subiendo de temperatura. La emergencia ya lleva 25 días y siguen surgiendo nuevos focos.
El fin de semana pasado Corma aseguró que siete de cada 10 incendios son intencionales en Biobío y seis de cada 10 en La Araucanía, frente a lo cual el gobierno arremetió intentando bajar el perfil a estas cifras.
El lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que el 25,1% del total de incendios forestales que equipos de Bomberos y la Conaf han analizado son provocados de forma intencional. Conaf, en tanto, informó que según la Unidad de Análisis y Diagnóstico, las causas dolosas en las regiones de La Araucanía y Biobío alcanzaban un 41%.
Pero según las forestales, en la macro zona sur alrededor del 60% al 70% de los incendios son totalmente intencionales. Y en las zonas donde comúnmente hay sabotajes la intencionalidad llega a 80% e incluso al 90%, aseguran.
Evidencia de esto, dicen, es que muchos focos parten en zonas donde no existen asentamientos humanos, en la mitad de campos donde no hay nada más que plantaciones. Sus cámaras han captado camionetas que prenden focos cada 100 metros en la mitad de los campos y han enviado las imágenes a la fiscalía. Según el último balance de Carabineros del martes 21 de febrero, hasta el momento hay 40 detenidos.
“Los incendios en Chile son todos provocados por las personas, aunque haya calor, baja humedad y fuertes vientos, si alguien no prende el fuego, no va a pasar nada. La intencionalidad y negligencia que ha existido en varios incendios de gran magnitud debe ser abordada con absoluta severidad por nuestras autoridades y por el Ministerio Público. Es un tema gravísimo e inaceptable social y medioambientalmente. Esto debe abordarse sin titubear, especialmente la intencionalidad”, señala Ruiz-Tagle.
Durante la emergencia se han dado condiciones que no se repiten en la normalidad del día a día. La figura de los ministros de enlace, ha permitido a los ejecutivos de las empresas tener conversaciones informales con muchos de ellos
Las críticas van dirigidas a lo que consideran “una lenta reacción del gobierno” para ampliar el estado de excepción a las zonas afectadas y para decretar toque de queda. Un ejecutivo de la industria explica que cuando ocurrieron los megaincendios de 2017, los focos activos disminuyeron drásticamente una vez que se decretó estado de excepción. Pero en esa oportunidad, dicen, la presencia militar era evidente. Esta vez, aseguran, han visto menos uniformados ejerciendo un rol fiscalizador notorio en las zonas afectadas, lo que a su juicio, funciona como un disuasivo para quienes provocan incendios.
Las declaraciones sobre la responsabilidad de los conejos en la expansión de los de incendio, realizadas por el ministro Montes, no ayudaron mucho. Aunque desde la industria le bajan el perfil: “Ha habido deslices como lo de los conejos que mencionó el ministro Montes, pero lo relevante es la presencia del gobierno central en terreno.”, comenta un ejecutivo.
Royalty no, pero sí debate tributario
Las declaraciones del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, el martes 14 de febrero sobre la posibilidad de aplicar un “royalty forestal”, lo que después fue desechado por la ministra Tohá, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también enrarecieron los ánimos entre privados y gobierno. Tanto el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, como el de la Sofofa, Richard von Appen, salieron a arremeter contra el gobierno. En la industria, en cambio, prefirieron la cautela.
Sin embargo, Francisco Ruiz Tagle considera que la opinión de los gremios es “siempre constructiva”. “La preocupación del gremio ha estado en priorizar el abordaje de la crisis de incendios y en condenar la evidente intencionalidad. Soy muy respetuoso del rol que cada institución desarrolla y en ese sentido los gremios, incluyendo a la SNA, Socabio, la Multigremial del Biobío, han desempeñado un papel relevante y valioso”, agrega.
Pero más allá de las diferencias, al interior de las forestales existe disposición para sentarse a conversar una vez que la emergencia termine y buscar soluciones más estructurales frente a siniestros futuros.
Señalan, en todo caso, que en esa mesa no solo deben estar ellas, sino que también otras industrias relacionadas y actores involucrados, como inmobiliarias, eléctricas, telecomunicaciones y los municipios.
“Conocemos las críticas que existen contra la industria y es evidente que en estas emergencias salten, pero hemos evaluado con encuestas y en los territorios es diferente la imagen que existe de la industria”, comenta un ejecutivo.
En ese sentido, más allá de que no están de acuerdo con la aplicación de un royalty, sí están abiertos a conversar para que parte de los impuestos que pagan, se queden en las zonas donde operan. “Lo que dicen los ministros para callado y donde hay un principio en el que tendemos a estar bastante de acuerdo, es que debieran existir estructuras tributarias para que las empresas puedan generar los aportes en los lugares donde están presentes”, revela un cercano a la industria.
En tanto, el gerente general de CMPC, puntualiza: “Hemos planteado en todo momento que estamos full dedicados al combate y a la protección de las personas en los territorios donde operamos. Y que estamos disponibles para tener conversaciones posteriores con el fin de revisar y sacar lecciones para evitar que algo como esto vuelva a ocurrir”.
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