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Publicado: Jueves 6 de septiembre de 2018 a las 00:00 hrs.
Uno de los anuncios más esperados del proyecto de modernización tributaria, era la creación de un impuesto a los servicios digitales que son prestados desde el exterior y utilizados por personas naturales chilenas. La tasa será de 10% y aplicará para plataformas como Spotify, además de juegos, suscripciones a revistas y almacenamiento de datos, siempre y cuando sean prestados a personas chilenas desde el exterior.
El tributo se pagará sobre el monto total en la transacción, sin deducción alguna y el sujeto del impuesto será la entidad extranjera que presta el servicio (no el consumidor, aunque la compañía deberá decidir cómo comparte el nuevo tributo).
El agente retenedor del impuesto (o sea, quien lo entrega a arcas fiscales) será la tarjeta con la que se realice el pago.
Pero ¿qué es un agente retenedor? De acuerdo a la definición del Servicio de Impuestos Internos (SII) se trata de instituciones fiscales, semifiscales, organismo fiscales y semifiscales de administración autónoma; municipalidades; personas jurídicas en general, sean o no contribuyentes de la Ley de la Renta y estén o no obligadas a llevar contabilidad; personas naturales o jurídicas que obtengan rentas de la primera categoría y que estén obligadas por ley a llevar contabilidad completa o simplificada, incluso aquellas que se encuentren exentas del referido tributo, siempre que obtengan ingresos que se clasifiquen en dicha categoría y que por expresa disposición legal están obligados a retener los impuestos que afectan a los contribuyentes con los cuales celebran negocios.
La primera, va como banco de inversión, mientras que la segunda será la corredora de bolsa para la operación. Fueron las únicas dos firmas que presentaron ofertas para quedarse con el negocio.
"Hoy, a las puertas de celebrar los 35 años, decidimos dar un paso adicional, adoptando una marca que no represente a personas determinadas", dijo el presidente del Comité Ejecutivo, Carlos Silva.
El trabajo preliminar mostró que un alto porcentaje de los establecimientos fiscalizados no mantiene disponible el título profesional del médico veterinario responsable de la supervisión clínica.