Cada vez parece más probable que el gobierno logre la aprobación del proyecto misceláneo sin acuerdo con la oposición, ya que la votación de las indicaciones en la comisión de Medio Ambiente se interrumpió intempestivamente, cerca de la media noche del martes, a raíz de una controversia generada en torno a la indicación que obliga al Estado a compensar (indemnizar) a los proyectos que, habiéndoseles otorgado la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), luego se retrotraiga este proceso. Algo con lo que un sector de la oposición no está de acuerdo y que para sus representantes en la instancia era inaceptable en los términos en los que el Ejecutivo propuso votarlo.
Este fue el punto que desató la molestia de los integrantes estables de la comisión, senadores Ricardo Celis (PPD) y Alfonso De Urresti (PS), y del senador Diego Ibáñez (FA), participante sin derecho a voto.
Según estos últimos, alrededor de las 23:30 horas correspondía votar las indicaciones a esta norma; sin embargo, cinco minutos antes y por cuarta vez -según algunas versiones y quinta según otras-, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresó una nueva indicación al artículo, lo que -argumentan los afectados- se salta el reglamento y la Constitución.
Así las cosas, fue el senador Celis el encargado de manifestar la molestia y la decisión asumida, tanto al presidente de la comisión, el UDI Sergio Gahona, como al propio ministro, tras lo cual los tres parlamentarios opositores se retiraron. Si bien en la práctica este gesto facilitó el proceso de aprobación y despacho de las normas medioambientales, debido a que el oficialismo tiene mayoría en la instancia, por lo que al poco rato concluyó la sesión y el texto fue despachado a su par de Trabajo, que lo analizará este miércoles y jueves.
¿Indicación o adecuación?
La norma que provocó el quiebre finalmente faculta a las empresas privadas a exigir una indemnización económica estatal (restitución de gastos) en caso de que un tribunal revoque una Resolución de Calificación Ambiental. Pero lo que suscitó el enojo opositor fue el hecho de que para saltarse la falta de unanimidad para introducir una nueva indicación, el oficialismo calificara el último cambio del Ejecutivo como “adecuación”.
Gahona se lo toma con calma y consultado por Diario Financiero acerca de lo sucedido se limita a señalar que lo ocurrido se debió a la “molestia (de la oposición) con el ministro Quiroz, por adecuaciones que se incorporarían al articulado de restitución de fondos por anulación judicial de RCA”.
Sin embargo, situaciones como esta son las que han ido minando el ambiente que cada vez se percibe menos llano a generar acuerdos entre el gobierno y la oposición. En este sentido, el senador De Urresti acusó “improvisación” del ministro de Hacienda, ya que “por quinta vez, cambia el texto de la norma que dice relación con la devolución de los gastos, en caso de revocación de resolución de la Calificación Ambiental (RCA), en una situación absolutamente reñida con el reglamento, demostrando una improvisación tremenda en materia de gestión, ante la incapacidad de lograr acuerdos”.
Por su parte, el senador Ibáñez fue mucho más duro en su críticas al ministro, señalando que se valió de una serie de “triquiñuelas” para avanzar en la norma que, desde el punto de vista del senador, actúa como “un seguro privado, torciendo el derecho público, estableciendo una trampa para que se beneficien los inversores de proyectos, cuando se les anula una RCA” e insiste en que la norma “básicamente es un seguro privado con recursos públicos”.
Mientras que desde el Ejecutivo explican que el cambio a la polémica norma, respecto del primer trámite, es que pasó de denominarse un “derecho de restitución” a una “indemnización”, la cual también se acota desde “gastos directos y efectivos” a “directos, efectivos y no recuperables”. Y que los cambios ingresados ayer y que fueron modificados durante la noche fueron que ahora el monto de la indemnización no lo determina una comisión de peritos, sino un tribunal arbitral, y ya que no se habla de “falta de servicio” como fundamento central de la solicitud de indemnización, sino que de "error" de parte del Estado.
Todos estos ajustes fueron aprobados por la comisión.
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