Cuando la Sala del Senado debe votar una nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, en el Congreso tanto el oficialismo como la oposición analizan los contenidos y eventuales efectos de la recientemente ingresada reforma constitucional de seguridad que crea un nuevo Estado de Excepción y del que se dará cuenta al inicio de la sesión de este martes. Esto cuando ya hay senadores que se muestran contrarios a aprobar esta reforma.
¿Cuáles son los cambios que el gobierno de José Antonio Kast apostó por introducir a esta figura, creando una nueva? El proyecto detalla una serie de modificaciones a lo que actualmente existe, que no han caído muy bien tanto en sectores del propio oficialismo como la oposición. Por lo pronto, el senador Matías Walker es uno de los que ya advirtió al Ejecutivo que no cuente con su voto para esta iniciativa.
Llamó la atención que la Administración Kast haya mantenido un elemento que incluso generó un quiebre dentro de su propio gabinete. Se trata de la inhabilidad, de hasta por 15 años después de haber cumplido su pena, a los condenados por crimen organizado y terrorismo, “para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos”, lo que queda en manos de una ley de quorum calificado, pero se explicita que se refiere a los numerales 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19 de la Constitución; es decir, derechos a la salud, educación, al trabajo y a la seguridad social, respectivamente.
La figura del Oficial General
Por lo pronto, la reforma inicia explicitando que es deber del Estado resguardar la “seguridad pública”; y, en cuanto a la creación del nuevo Estado de Excepción establece que el Presidente de la República lo declarará, determinando las zonas afectadas. Ello, en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada.
Este estado no podrá extenderse por más de 120 días, aunque el Presidente podrá prorrogarlo una vez por igual periodo de tiempo; sin embargo, para posteriores prórrogas deberá contra con el acuerdo del Congreso. Se crea la figura del Oficial General, designado por el jefe de Estado, bajo cuya dependencia quedarán las zonas afectadas por la medida; una Ley Orgánica Constitucional determinará sus atribuciones; y, “las facultades de las Fuerzas de Orden y Seguridad, la colaboración que, por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, podrán prestar las Fuerzas Armadas” durante este periodo.
El proyecto establece también las atribuciones del Presidente ya decretado un Estado de Excepción. El mandatario podrá suspender o restringir la libertad personal, de locomoción, el derecho a reunión, el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.
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