Economía y Política
Cronología del escándalo de las subvenciones escolares
La acusación constitucional en contra de la suspendida ministra Yasna Provoste se sustenta en las irregularidades detectadas en el caso.
Por: | Publicado: Miércoles 16 de abril de 2008 a las 11:42 hrs.
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El escándalo suscitado por las irregularidades en la entrega
de subvenciones escolares surgió en enero de 2006, cuando la Contraloría inició
un sumario en la seremi metropolitana de Educación. Un mes después, evacuó el
primer informe en el que se advierten desórdenes administrativos en la seremi
en la asignación de subvenciones.
Pasó un año y el 28 de enero de este año, la Contraloría General
de la República emitió un informe donde señaló que los montos no aclarados
entre 2004 y 2006 en la seremi de la Región Metropolitana
ascendían a $262 mil millones.
Ante este hecho, el ente contralor solicitó la destitución del entonces seremi
de Educación, Alejandro Traverso.
El 4 de febrero pasado, el gobierno conoció los resultados
de dicho informe de Contraloría y 10 días después estalló públicamente el caso
subvenciones, al darse a conocer los resultados de la auditoría del ente
contralor a la asignación de subvenciones escolares.
Lo que ya Contraloría había pedido en enero, respecto a destituir a Traverso de
su cargo, se hizo público recién el 16 de febrero pasado. Dos días después, el
subsecretario de Educación, Cristián Martínez, anunciaba el alejamiento de Traverso
de la seremi
Metropolitana.
Ante la relevancia de los hechos, el 20 de febrero la ministra Provoste
decidió regresar de sus vacaciones en Bahía Inglesa para hacerse cargo de la
situación.
Al día siguiente de su regreso, se hace público el informe
de Contraloría sobre los $ 262 mil millones que no estarían aclarados, situación
que Provoste desestimó y señaló que sí se aclararon.
El 27 de febrero, la ministra de Educación anunció que Traverso será solamente
sancionado con dos meses de suspensión y una multa correspondiente al 50% de su
sueldo.
El 8 de marzo, diez diputados de la Alianza interpusieron la acusación
constitucional en contra de la ministra, por los cargos de infracción o
inejecución de cinco leyes.
Cuatro días después, el contralor Ramiro Mendoza asisitó a la comisión de
Educación de la Cámara, donde ratificó que existen desórdenes administrativos y
recalca que "no hay corrupción".
El 3 de abril, por 59 votos a favor de la Alianza, 55 en contra de la
Concertación y dos abstenciones de diputados oficialistas, la Cámara de
Diputados aprobó la acusación constitucional, con lo que la titular de Educación
quedó suspendida de su cargo a la espera de la resolución del Senado.
