Por Gonzalo Cerda
Una resolución de la Corte Suprema en la que se plantea que el ahorro es “una actividad lucrativa” reavivó el conflicto entre las sociedades de inversión y las municipalidades que están efectuando cobros de patente a los pasivos de las empresas. La actual situación tiene a ambos sectores en alerta, ya que este año la Corte Suprema, en una resolución con fecha 6 de abril, explica el abogado Alvaro Meckelenburg, señaló que “el ahorro es una actividad gravada con patente municipal porque es considerada lucrativa”.
Según explica el abogado, el criterio que están utilizando es el que “con el ahorro se genera plata”, lo que, a su juicio, significaría que “todos estamos gravados con patentes hagamos lo que hagamos”. Y agrega “esto no tiene patas ni cabeza, interpretar que la actividad lucrativa que señala el artículo N° 23 que comprende cualquier cosa que genera ingresos, es tirado de la mechas, no tiene defensa posible”.
El Decreto de Ley 3.063, que establece cuáles son las actividades que quedan gravadas, señala en su artículo N° 23 que “el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley”.
Esta situación, que ha sido advertida por los municipios les ha permitido mantener los cobros bajo este concepto. Si bien esta disputa se ha desarrollado en dos frentes, en Tribunales y en Contraloría, en estas dos instancias las municipalidades y las sociedades de inversión han tenido resultados diversos, con fallos a favor para unos y otros.
“Hay fallos, alrededor de unos 30, de la misma Corte, que dicen que estas actividades tienen que pagar patente y otros 30 que dicen que esas mismas actividades no tienen que pagar (...) esta controversia se viene generando hace un año, antes de eso la Corte estaba fallando conforme a derecho diciendo que las actividades que no estaban en la lista (art. 23) no pagaban patente”, explica el abogado.
“La posición que está adoptando la Corte es totalmente contraria a la que tiene la Contraloría, que dice que las sociedades de inversión no pagan patentes municipales porque no se encuentran dentro del artículo 23”, advierte el abogado. Y es que el ente fiscalizador emitió un dictamen en octubre del año pasado, que desestimaba el cobro de patentes a las sociedades de inversión. Tras conocer el resultado, la Asociación de Municipalidades solicitó al contralor, estudiar nuevamente el caso. A la fecha, la Contraloría no ha emitido un nuevo pronunciamiento.
“Las municipalidades están tratando de judicializar todo, llevan todo a los tribunales porque de esta forma consiguen que la Corte se pronuncie, tal como lo está haciendo, a favor de esta teoría absurda”, sentenció Mecklenburg.
Las discrepancias
Tratando de aclarar aún más esta situación, el abogado Franco Brzovic, señaló que en un caso en particular la respuesta de Contraloría, de que las sociedades de inversión estaban exentas del pago de patentes, gatilló que otros afectados también recurrieran a solicitar lo mismo.
“Por otro lado, otras empresas recurrieron a tribunales y en un plazo relativamente breve se dictaminó que las sociedades de inversión persiguen fines de lucro y que están afectas a pagar patentes, lo que dictaminó esto fue la tercera sala de la Corte Suprema”, afirmó Brzovic, situación que generó las discrepancias entre dictamenes.
Otro aspecto que destaca Brzovic es que “la Contraloría todavía no responde al requerimiento de la Asociación de Municipalidades para que reconsidere su resolución, y si la Contraloría determina que ninguna municipalidad puede cobrar patentes sería un revés para ellos”. A juicio del experto es necesario que la Contraloría se pronuncie para zanjar esta disyuntiva.
En tanto, el presidente de la Asociación chilena de Municipalidades, el alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, señaló que le han solicitado al contralor modificar la última interpretación jurídica respecto de este tema ya que “en muchos municipios se ha generado un descalabro financiero, por ejemplo, para la Municipalidad de Santiago se dejan de percibir del orden de los $ 5.000 millones”. Arriagada reconoce que hasta el momento, “los fallos de la Corte Suprema nos dejan bastante satifechos”.
Además, hace un llamado a la Contraloría para que se pronuncie respecto del requerimiento que mantiene en tela de jucio los cobros de patentes. “Creemos que el contralor se ha tomado más tiempo del que la causa amerita, hemos reiterado el requerimiento de hace más de un año por escrito”, puntualizó el también alcalde de La Granja.
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