Por Blanca Arthur
Las autoridades tienen claro que erraron el cálculo. No imaginaron nunca que su decisión de acelerar el trámite de aquellas iniciativas que componen la llamada “agenda social”, terminaría abriendo el fuego para iniciar uno de los más duros combates con la oposición, como el que se desató por la cercanía del 21 de Mayo.
Confiadas en que a los parlamentarios concertacionistas les resultaría imposible restarse a la aprobación de proyectos de alto impacto social, apostaron a que no tendrían problemas en sacarlas adelante, de manera que el presidente Sebastián Piñera pudiera exhibirlos entre sus principales logros en la cuenta que debe rendir al país ante el Congreso Pleno.
Lo que no computó el gobierno, al menos con la necesaria precisión, fue que en la Concertación no estaban dispuestos a aprobarlas fácilmente, no sólo por los reparos que tienen a su contenido, sino porque -como lo reconocen- porque no se prestarían para facilitarle la fiesta al gobierno.
Fue entonces cuando el conflicto comenzó a escalar por encima de todo lo imaginado, al punto que tanto en el oficialismo como en la oposición coinciden que la polémica en torno especialmente al post natal -que se transformó en el emblema- será determinante para definir si en adelante se mantendrá el estilo de confrontación, o si habrá espacios para los acuerdos con más facilidad que lo que ha ocurrido ahora.
El arma de la Concertación
Desde el comienzo en el gobierno sabían que ninguna de sus principales iniciativas sociales, aun cuando en términos generales fueran compartidas por la oposición, serían aprobadas sin introducir cambios, dados los serios reparos que existían frente a aspectos que consideraban sustantivos.
Pero la idea de las autoridades era que el debate acerca de temas como la cobertura o la disminución del fuero -que se cuestionan al proyecto del postnatal- se realizara en el Congreso luego de que se aprobara la idea de legislar, porque cumplido ese trámite podían ser incorporadas como parte de los logros en el Mensaje del 21 de Mayo.
Fue exactamente lo que encendió los ánimos de la Concertación, al punto que aquellos parlamentarios más duros -como los senadores Eduardo Frei, Camilo Escalona o Jorge Pizarro- lograron imponer ante sus pares la postura de que no debía descartarse la posibilidad de rechazar incluso la idea de legislar, si es que el gobierno no reconocía su disposición a modificar sus propuestas.
Conscientes de que no era fácil oponerse a iniciativas que ellos mismos habían propiciado durante los gobiernos concertacionistas, los parlamentarios optaron por utilizar como arma para defenderse, el concepto de la “letra chica”, con el propósito de instalar la idea de que los beneficios de las propuestas del gobierno no llegaban a todos quienes los esperaban.
Contraataque de La Moneda
Con el despliegue de esa estrategia opositora, sonaron fuerte las alarmas en el oficialismo, donde reconocieron que estaban expuestos a una derrota incluso en lo conceptual, porque si se imponía el término de la “letra chica” podía minarse aun más la credibilidad de las autoridades en temas que creían que sólo les podía reportar ganancias.
Fue entonces cuando, en medio de un clima de creciente preocupación, La Moneda ideó su contraofensiva acordando acuñar el término de que se está frente a una oposición “obstruccionista”.
Con el fin de coordinar dicho embate, incluso se citó a un comité político extraordinario, donde los ministros políticos, más sus pares Joaquín Lavín y Felipe Bulnes -junto a los jefes de bancada del Senado y de la Cámara- tras lo cual desde el presidente Piñera, hasta prácticamente todos los parlamentarios de la coalición salieron a cuestionar el “obstruccionismo” opositor.
Para su arremetida, el oficialismo consideró que si lograba instalar la idea de que dicha actitud iba en directo perjuicio de las mujeres que aspiran a ampliar su postnatal, o de aquellos ancianos que quieren incrementar sus pensiones, podía doblegar a la Concertación a cambiar su disposición al rechazo e impedir una derrota inesperada.
Síntomas de distensión
Cuando el conflicto parecía estar en una suerte de empate en que ni unos ni otros se mostraban dispuestos a ceder, aparecieron los primeros síntomas de distensión, luego de que en el gobierno como en la oposición aparecieran posturas que apuntaban a que de mantenerse irreductibles, podían pagar costos impensados.
En esa línea, comenzó a imponerse al interior de la Concertación la idea de que la acusación de “obstruccionismo” podía perjudicarla, teniendo en cuenta que a la opinión pública no le gusta la confrontación, lo que se reflejaría en un rechazo de más del 60% rechaza la forma en que está ejerciendo su papel.
Con ese argumento, la opción especialmente de los presidentes de los partidos -quienes percibieron que algunos parlamentarios estaban tomando contactos informales con las autoridades- fue tratar de instalar el problema del lado del gobierno, para lo cual pidieron incluso una audiencia con el presidente, además de hacerle llegar un documento en el que planteaban sus objeciones a la llamada “letra chica”.
Considerando que detrás de esa actitud podría haber una disposición al diálogo, la decisión de La Moneda -si bien no aceptaron la reunión- fue primero cambiar el tono de las recriminaciones, para luego mostrarse abierto a introducir cambios al menos en la propuesta del postnatal, como lo planteó el propio Piñera en la carta-respuesta que les hizo llegar a los jefes partidistas del conglomerado opositor.
Con esta distensión en el combate, tanto los oficialistas, como los opositores, apuntan a que acertaron con sus respectivas estrategias. Los primeros, porque estiman que la acusación de “obstrucción” fue determinante para que la Concertación se abriera a estudiar la posibilidad de aprobar al menos la idea de legislar, mientras ésta exhibe como triunfo que al haber impuesto el concepto de la “letra chica”, consiguió que las autoridades no siguieran insistiendo en acusarlos e incluso asumieran la necesidad de introducir modificaciones que antes no contemplaban.
Estilo pendiente
Es cierto que, pese al cambio en el clima de guerra, la batalla no ha terminado, porque ni el gobierno está dispuesto a asumir compromisos sin que antes se apruebe la idea de legislar, ni la oposición se allana a hacerlo, si las autoridades no les dan garantías de que posteriormente acogerán sus ideas.
Como admiten en los distintos sectores, lo que ha ocurrido con el combate por el post natal -que con menos fuerza se repite con el 7%- excede a la polémica por los contenidos de la agenda social, porque ha demostrado que no está clara ni la forma en que el gobierno pretende encarar la tramitación de las iniciativas más complicadas, ni tampoco cuál es el papel que pretende jugar la oposición.
Prueba de ello es que, precisamente como consecuencia del lío que se armó, se ha generado un debate al interior del oficialismo con posturas que fluctúan entre quienes consideran que no se le debe dar tregua a la Concertación, hasta aquellos que postulan que es imposible no abrirse a los acuerdos dado que al no tener mayoría en el Congreso, se exponen a derrotas inesperadas.
Una discusión que ha sido aun más fuerte en la oposición, donde esta batalla ha cristalizado, como nunca, la diferencia entre los sectores más duros que están dispuestos a oponerse a todo porque estiman que es el factor que los une, con aquellos que argumentan que esa actitud implica un alto costo político.
Es, finalmente, la discusión que se abrió con la tramitación de la agenda social, la que no quedará resuelta cual sea la forma en que culmine el combate pre 21 de mayo.
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