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Publicado: Jueves 15 de diciembre de 2016 a las 04:00 hrs.
Siguiendo el calendario autoimpuesto, ayer la Dirección del Trabajo (DT) emitió el cuarto dictamen por la reforma laboral referido al derecho a la información de los sindicatos sobre la situación de las empresas. El pronunciamiento sostiene que el derecho a la información es de vital ayuda para el desempeño rápido y eficaz de las funciones de un sindicato, especialmente en el marco de las negociaciones colectivas. Además, entre otros aspectos, define que la entrega de información variará según el tamaño de la empresa: micro (1 a 9 trabajadores), pequeña (10 a 49), mediana (50 a 199) y grande (200 o más).
Bajo la lupa de los expertos, en el nuevo pronunciamiento del servicio se explicita el principio de buena fe entendido como un comportamiento recto, tanto por parte de los empleadores que facilitan información relevante de la empresa como para los sindicatos que la solicitan en cuanto al uso que deben darle, el cual solo debe ser para los efectos de la negociación colectiva.
A juicio del abogado laboral de LyD, Sergio Morales, “no se innova en cuanto a qué información entregar, solo se expone de manera ordenada la misma, atendida la oportunidad y el tipo de empresa a la que se le solicita. En términos generales, quedamos con la misma idea de que el empleador debe facilitar prácticamente toda la información.
Las excepciones que presenta son demasiado acotadas”. También enfatiza en la necesidad de que la DT se pronuncie en cuanto a los grupos negociadores. “Nuevamente la DT ha obviado a los grupos respecto de la información que pueden requerir, sembrando nuevamente un germen de incertidumbre en las relaciones laborales”, explica Morales. A esto se suma, dice, la duda que persiste en los grupos frente a la fijación de los servicios mínimos.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.