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Publicado: Viernes 28 de marzo de 2014 a las 05:00 hrs.
Fuente de polémica desde que se conocieron sus resultados, el Censo 2012 sigue teniendo repercusiones. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer ayer que las nuevas autoridades han decidido realizar una auditoría técnica a la base de datos censal.
De acuerdo a lo que indicó el organismo a través de un comunicado, el proceso de revisión se realizará “en el más breve plazo posible”.
Entre los aspectos a indagar por esta auditoría se cuentan, entre otros: cambios de estructuras de estadísticas vitales, tales como razones por edad y/o por sexo; omisión de variables claves, por ejemplo en aspectos migratorios; y deficiencias en las coberturas, particularmente a nivel de comunas.
Con todo, la entidad dirigida por Ximena Clark explicó que “la decisión de auditar la base de datos resulta consistente con la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas (29 de enero 2014) referida a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, y particularmente con los principios Nro 1, 4 y 5”.
El efecto para los usuarios de las cifras
Como resultado de estas consideraciones, el organismo dijo que procedió a deshabilitar el acceso a información del Censo de Población y Vivienda 2012, que a la fecha estaba disponible en el sitio web www.ine.cl y www.censo.cl.
“Esta dirección se compromete a realizar su máximo esfuerzo en proveer a todos sus usuarios y a la ciudadanía en general, productos que cumplan con los más altos estándares, nacionales e internacionales”, puntualizó el INE.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.