Desde finales de 2018, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha estado trabajando con fundaciones, centros de estudios e intelectuales de oposición, con el objetivo de recibir asesoría y así enfrentar de manera más preparada el debate de políticas públicas.
Dicho trabajo se ha traducido en una serie de informes y estudios elaborados en conjunto entre las nueve fundaciones que integran la Comisión de Políticas Públicas de la CUT, entidades que recientemente elaboraron un documento con 19 medidas sanitarias, laborales, sociales y económicas, para hacer frente a la crisis sanitaria que vive el país.
"Hemos visto que en nuestro país la solución para salvar al sector privado de la economía es que los trabajadores solventen la crisis. Bajo la máxima de que mientras existan empresas existirá empleo, se destruyen las condiciones materiales de las familias trabajadoras. Esto se demuestra con el segundo paquete de medidas económicas que crea un fondo mucho mayor para salvar empresas, que para ayudar a las familias", señalaron las entidades a través de una declaración.
¿Qué proponen en concreto? En materia sanitaria, el grupo apuntó a pasar a control estatal todo el sistema de salud, "incluyendo el sistema de Isapres, el de mutualidades y universitario. Se requiere que todos los recursos disponibles dentro del territorio nacional sean usados sin diferenciación de origen étnico, género o clase", dice el documento.
En segundo punto, proponen declarar medidas de cuarentena cuando los datos epidemiológicos así lo requieran; además de asegurar la gratuidad del test y aumentar la capacidad de diagnóstico del Covid-19 "para efectivamente poder comenzar a controlar los casos y tomar medidas aceleradas para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud",
Así, también proponen fortalecer la capacidad de coordinación y compra de Cenabast, además de fijar precios para insumos médicos y farmacológicos para evitar la especulación con los precios de los elementos que se requieren para el control de la epidemia.
En materia económica y social, los centros de estudio plantean garantizar que durante el período comprendido entre la aparición de los síntomas de la enfermedad y el diagnóstico positivos del Covid-19 "los trabajadores y trabajadoras reciban los subsidios y pago de licencias correspondientes, para evitar que acudan al trabajo para no ver mermados sus ingresos, exponiendo al resto de los trabajadores. Esto a raíz de las Resoluciones N° 1124 de la Suseso y el Ord 891 del Ministerio de Salud, que limitaron acceso a licencias y atención en este período".
En séptimo lugar, proponen crear una renta básica universal mensual, al menos para los próximos tres meses, para los mayores de 18 años, que se encuentren en condiciones de desempleo y sean parte del 90% de la población de menores ingresos.
Dicho monto, agrega el documento, debe ser de $ 448.000, promedio por familia, "que corresponde a los ingresos necesarios para superar la línea de la pobreza", aseguran.
También plantean que es necesario replicar dicha idea con los extranjeros residentes que se encuentren en las mismas condiciones.
Suspender cobros financieros
El texto también propone congelar y asegurar un efectivo control de los precios de alimentos, fármacos y productos de primera necesidad, durante el tiempo que dure la crisis.
"De mantenerse la situación actual sin sustitución de ingresos para las personas desempleadas, suspender el cobro de las cuentas de servicios básicos y propicios de corte de suministro mientras dure la emergencia, con cargo a las utilidades de las propias empresas", es la décima propuesta en materia económica.
Así, también sostienen que se debe asegurar que los bancos suspendan el cobro de las cuotas de los créditos hipotecarios y otras deudas con el sistema financiero por el período que dure la crisis, y que con posterioridad no se cobren intereses ni comisiones adicionales.
Respecto a las micro y pequeñas empresas, la comisión de políticas públicas propone un programa de salvataje a las PYME que incluya "normas estrictas a los bancos para asegurar financiamiento a estas empresas, así como un programa fiscal que les asegure liquidez en este período sin actividad".
En el caso de las grandes empresas, los centros de estudio proponen que el Estado pueda inyectar capital para mantener su funcionamiento pero "a cambio de una participación equivalente en la propiedad de la empresa".
En línea con estas medidas, también proponen establecer un impuesto especial solidario a las personas del 5% más rico en éste y los próximos 2 años para contribuir al esfuerzo fiscal para la superación de la crisis.
En materia laboral, el grupo de entidades propone prohibir los despidos durante el tiempo que dure la crisis sanitaria, para proteger las plazas laborales. Así, además, también señalan que es urgente la creación de una renta básica universal para los trabajadores independientes e informales.
En materia sindical, proponen adoptar medidas para garantizar el ejercicio de la libertad sindical, "pues más organización y negociación entre los actores del mundo del trabajo facilitarán los acuerdos, así como el diálogo social, para salir de la crisis".
Para ello, sostienen que es clave garantizar el ejercicio del derecho a constituir sindicatos en todas las empresas o su afiliación a organizaciones sectoriales y abrir el espacio de negociación colectiva para adoptar planes de crisis económica dentro de la empresa o por sectores, y la posterior negociación por sector económico.
Por último, piden adoptar medidas que impidan abusos antisindicales en este período, tanto en materia de negociación colectiva como de constitución y renovación de directivas sindicales.
La elaboración del documento contó con la participación de Pía Castelli, de la Fundación Por la Democracia; Felipe Ruiz del Centro de Estudios de la Fundación Nodo XXI; Luis Villazón del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL); Pablo Zenteno, de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL); Patricia Silva, del Instituto Igualdad; Hernán Frigolett, economista e investigador del Instituto Igualdad; Matías Goyenechea, Fundación Creando Salud; Osvaldo Badenier, asesor en Recursos Humanos; Bernardo Jorquera, Fundación Por la Democracia (FPD); Eugenio Rivera, Fundación Chile 21; Raúl De La Puente, del Programa Laboral de la Fundación Chile 21; Martín Pascual, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda); Fernando Carmona, de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL); Claudio De Negri, director Revista Alternativa del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL); Edgardo Lepe, de la Fundación Chile 21; Víctor Osorio, de la Fundación Progresa; Martín Oyarzo, de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL).
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