Deficiencias en el cumplimiento de la Ley de Inclusión en el sector público y ciertos problemas en la aplicación en el mundo privado detectó el primer informe sobre la materia que realizaron los ministerios de Trabajo, Hacienda y Desarrollo Social.
El reporte evaluó lo ocurrido luego que hace tres años se comenzara a impulsar que las empresas y entidades públicas con más de 100 trabajadores reservaran el 1% de sus puestos laborales para contratar a personas con discapacidad.
De acuerdo con el estudio, en 2019 se observó que la cantidad y proporción de instituciones estatales que se alineó con la norma se mantuvo en 146, lo que corresponde al 24% del total (609). O sea, 110 entidades sujetas a la obligación no contrató personas con discapacidad, pero se excusó por no hacerlo. A su vez, 59 no cumplieron con la exigencia ni se excusaron por ello.
Estos datos se complementan con el hecho de que en 294 servicios no se cuenta con información respecto a sus niveles de respuesta, lo que corresponde al 48,3% de los servicios públicos. De esta última cifra, un 68,1% son municipios.
Entre las razones esgrimidas para no ajustarse a la norma se mencionó la escasa disponibilidad de recursos para hacer ajustes al entorno físico. “Las instituciones indican contar con pocos recursos para esto y muestran poca disposición a redistribuir los recursos que ya tienen; y, por otro lado, está la creencia que Senadis es quien debe proveer los recursos para estos ajustes”, dice el texto.
Los servicios consultados también identificaron contradicciones entre normas, las que “limitan o derechamente anulan los avances de la Ley (estatuto administrativo, no reconocimiento de la educación especial, salud compatible, etc), situación que requiere ajustes para dar coherencia”.
Los sectores que lideran
Acorde con el análisis de las autoridades, al 28 de febrero de 2021 había 21.128 contratos de trabajo vigentes registrados bajo la Ley de Inclusión ante la Dirección del Trabajo, lo que alcanza al 76,9% de las personas que debieran haber sido contratados para cumplir con la reserva legal.
¿Qué sectores lideran en contratación? El comercio, el cual abarca el 20,3% de los contratos vigentes; seguido por actividades de servicios administrativos y de apoyo, con el 13,1%; y más atrás la industria manufacturera, la que concentra el 10,2% de los contratos vigentes.
Con respecto a las firmas que implementaron medidas alternativas para dar cumplimiento a la legislación, el informe permite observar que este año el 20,3% de las empresas declaró haber implementado medidas alternativas, lo que corresponde a 434 firmas.
Al mirar el detalle de este grupo, se observa que el número de empresas que declaró haber implementado solo donaciones aumentó, pasando de 225 en 2019 a 279 empresas en 2020 y 305 empresas el 2021.
El resto de las empresas optó por las otras fórmulas.
“Hay muchas falencias”
El informe ministerial sincera que “hay muchas falencias” en la implementación de la normativa que deben ser corregidas de manera urgente y prioritaria, por lo cual los secretarios de Estado descartaron implementar un aumento de la cuota.
“Los resultados de la evaluación de la ley nos marca una hoja de ruta y nos impulsa a seguir trabajando en esta materia, ya que si bien ha habido avances, aún hay mucho camino por mejorar”, planteó en el documento el ministro del Trabajo, Patricio Melero.
En una línea similar, en el informe el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, agregó que el análisis realizado permitió identificar una serie de desafíos en la coordinación entre las instituciones involucradas en el monitoreo y fiscalización del cumplimiento de la ley, como en el levantamiento de información necesaria para estos fines.
“También nos plantea algunos desafíos para una mejor implementación de la ley en el sector público a través de una mejor reportabilidad por parte de las Instituciones públicas”, agregó.
La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, recalcó que es clave generar una cultura inclusiva “no sólo al interuor del las empresas y los servicios del Estado, sino que más importante aún, dar oportunidades reales que pertmitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”.
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