Economía y Política
LyD advierte sobre Multirut: “Es cuestionable seguir judicializando la relación laboral”
La entidad valora el objetivo del gobierno de querer terminar con los abusos, pero hace hincapié en los “costos” laborales que puede acarrear esta medida.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 17 de mayo de 2011 a las 05:00 hrs.
La idea del gobierno de que sean los tribunales laborales los organismos encargados de resolver las problemáticas y abusos laborales por concepto de Multirut, a juicio del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), resultaría cuestionable. En un estudio realizado por la entidad se pone en duda el objetivo que ha planteado el gobierno, a través de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, de que sean los tribunales laborales los encargados de dirimir disputas entre empleados y empleadores.
Si bien a juicio del centro de estudio, la iniciativa del gobierno parece razonable, advierten que “es complejo que la resolución quede en tribunales laborales ya que judicializa la relación laboral entre las partes, y además queda sujeto a los conocidos sesgos que tienen los tribunales laborales”.
Tal como plantea el think tank, resulta recomendable que sea un consejo independiente -que podría estar constituido por representantes de las organizaciones sindicales y empresariales- el que se haga cargo de esta situación antes que un juez laboral, ya que tal como se explica en el texto de LyD, casi un 90% de los casos que se tratan en estos tribunales se falla a favor del trabajador.
En el estudio también se da cuenta que la actual legislación que sanciona los problemas ocasionados por el Multirut, parece suficiente. “Llama la atención que ya existe una legislación para sancionar los problemas laborales (…) por lo tanto, no parece que sea necesario agregar nuevas regulaciones”.
Las soluciones que se proponen en el estudio de LyD radican en un aumento del valor de las multas, las que actualmente, a su juicio, no son demasiado elevadas, especialmente para las grandes empresas. “Sería mucho más eficiente testear primero el efecto de multas considerablemente más altas que sean proporcionales al tamaño de la empresa”.
Además, sostiene que la autorregulación resultaría un camino “mucho más eficiente y menos distorsionador que la vía de las regulaciones y la judicialización”.
Proyecto aprobado por la Cámara
El estudio también evidencia que la modificación que se pretende incorporar, mediante el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que modifica el concepto de empresa, resulta “muy complejo” ya que puede generar un “poder excesivo a los sindicatos que puede llevar, a la larga, a la inviabilidad de algunas empresas”.
Este proyecto introduce, además, modificaciones al artículo 507 del Código del Trabajo, dentro de las cuales se encuentra un aumento a las multas, pasando de un rango de 10 a 150 UTM a 20 a 200 UTM, lo que para LyD, aún sigue pareciendo un monto “poco significativo”.
“Las modificaciones de este artículo no son sustanciales, pero sí lo es la modificación del concepto de empresa, que finalmente, lo que busca es aumentar el poder sindical de una forma que puede generar serios riesgos al desarrollo productivo del país”.
Lo que busca el gobierno
Lo que el gobierno ha venido planteando respecto del proyecto que regula los abusos del Multirut, y que se espera refleje en las indicaciones que debiesen ser presentadas durante las próximas semanas, es establecer la obligación de negociar colectivamente a todas aquellas empresas que compartan conjuntamente algunos elementos. Por ejemplo, compartir un mismo controlador en los términos de la Ley de Mercados de Valores; elaborar los mismos productos o prestar los mismos servicios; y tener una organización laboral centralizada, ejerciendo coordinada y permanentemente las facultades de administración y dirección laboral.
Este objetivo, a juicio de LyD, parece razonable ya que enfenta directamente el problema, impidiendo que se vulneren los derechos laborales.
Otro aspecto en el que repara el estudio de LyD, es el que hace referencia a los “costos” de las regulaciones laborales. “Un aspecto que siempre parece olvidarse en Chile es que parte de los costos de las regulaciones laborales los termina pagando el propio trabajador, a través de menor contratación, menores sueldos o a través de mecanismos que buscan eludir las normativas” señala el documento. “Debe tenerse cuidado con que finalmente la solución que se adopte no termine siendo un nuevo impuesto al trabajo, que desincentive la contratación y genere ineficiencias en el sector productivo”, concluye el texto.
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