El peso del Estado en la economía alcanzará el próximo ejercicio máximos desde al menos el año 2000 -de 24,1% del Producto Interno Bruto (PIB), en medio de la “Nueva Agenda Social” que presentó el Ejecutivo para responder al conflicto social.
Dicha cifra, expuesta en el marco de la actualización del escenario fiscal que hizo Hacienda la semana pasada, es seis décimas por sobre lo que anticipaba el Ejecutivo a inicios de octubre cuando presentó el proyecto de Presupuestos ante el Congreso.
La cartera llegó a dichos números luego de incorporar el escenario macroeconómico “alternativo”, que considera un crecimiento del PIB de 2,3% en 2020, un punto por debajo de lo anticipado previo al conflicto social. También se consideró el mayor gasto por US$ 1.200 millones de la agenda social y se descontaron los casi US$ 400 millones en ingresos de la reforma tributaria.
Entre los economistas hay consenso de que el peso del Estado en la economía irá subiendo en los próximos años, a medida que se generan nuevas demandas, por ejemplo, en salud, educación y pensiones.
“Esto debe venir acompañado de un aumento de los ingresos permanentes, tanto por mayor recaudación como por reasignación de gasto, así como una mejora en la eficiencia del gasto”, dice el subgerente de Estudios de Econsult, Mauricio Carrasco.
El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, pronostica que dicha relación alcanzará el 27% del Producto en el corto plazo y, por ende, destaca que el foco debe ser la eficiencia en el gasto estatal.
En la misma línea, el economista de Santander Chile, Fabián Sepúlveda, considera clave que los resultados de las evaluaciones a programas que realiza la Dirección de Presupuestos (Dipres) tengan “mayor preponderancia” en la toma de decisiones sobre el financiamiento de las iniciativas.
El economista jefe de Tanner, Sergio Godoy, también considera fundamental que el alza del gasto sea acompañado de mejoras significativas en la eficiencia de su asignación.
Pero la economista de Libertad y Desarrollo, Macarena García, apunta no sólo a los programas con evaluación deficiente, “sino también a exenciones, como la renta presunta, u otros.
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