En contra del Registro Único de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, en la Cuenta Pública del 1 de junio, se manifestó el 50% de los expertos que integran el Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
Un 38,8% de los profesionales, entre economistas y no economistas del grupo transversal, señaló estar en “desacuerdo” frente a la afirmación puesta en la mesa: “La creación de un registro de vándalos y su exclusión de ciertos beneficios sociales según la gravedad de la falta, es una correcta política pública”.
A esa cifra se sumó un 11,1% que se declaró “muy en desacuerdo”.
Al frente, un 27,7% dijo estar “de acuerdo” y un 5,5% “muy de acuerdo” con la idea que formó parte de la campaña a La Moneda del actual mandatario.
Según lo explicado en su momento, se trata de generar un catastro nacional de personas condenadas por desórdenes públicos y faltas como rayados, destrucción de mobiliario, comercio ilegal y ataques a las policías, las cuales estarían expuestas a la pérdida temporal o definitiva de beneficios estatales como gratuidad universitaria, la Pensión Garantizada Universal (PGU), subsidios habitacionales o becas; lo que ha generado un amplio debate público.
Los reparos
Frente a los resultados, parte de la medición número 80 y con la cual el Panel UC cumplió siete años de vida, el abogado y académico de la Escuela de Gobierno de dicha casa de estudios, Mauricio Duce, advirtió que -junto al rechazo mayoritario- se observa distancia en algunos aspectos de la figura propuesta entre quienes votaron neutro o de acuerdo.
En esta línea, diferenció también entre la visión más crítica que se observa en el mundo más técnico versus la opinión pública sobre el anuncio. Incluso, recordó que la encuesta Cadem mostró que el registro tenía el segundo mayor respaldo (87%).
Al aludir a las opiniones expresadas en el panel -que se realiza en alianza con Radio Pauta y Diario Financiero- enumeró algunas de las objeciones de los expertos de las cuales debiera hacerse cargo un eventual proyecto de ley.
Lo primero, dijo, “es el problema de proporcionalidad que tendría implementar un registro de este tipo con la pérdida de beneficios sociales particularmente tratándose de las incivilidades”.
Otra preocupación tiene que ver externalidades negativas. “Varios panelistas identifican que un efecto de esta medida podría ser incrementar o generar mayor marginación allí donde, probablemente, lo que uno quiere con grupos de personas que cometen incivilidades, particularmente los jóvenes, es lograr mayores niveles de integración”, señaló. A esto sumó que la pérdida beneficio social puede excluir y “eso puede reforzar comportamiento de incivilidad, incluso delictuales; y no disuadirlos, que es lo que se busca”.
Otro punto, alertó Duce, es que surge un problema “insoluble” para el gobierno: la afectación de derechos fundamentales, porque varios panelistas identifican la pérdida de ellos como contrarios a la Constitución.
A esto se unen preocupaciones vinculadas a discriminación y principio de igualdad. “Cuestionamientos desde el punto de vista de las reglas del debido proceso, donde el gobierno tendría que dar respuestas claras a estos problemas”, expuso.
Duce destacó que el Panel UC da una orientación al sugerir proporcionalidad en las penas para aquellas conductas que incluiría el registro y que ya están catalogadas como delitos por la ley vigente. Esto daría salida al tema de la inconstitucionalidad.
Dada su experiencia en justicia criminal y proceso penal, Duce explicó que el anuncio “no tiene mucho parangón en el ámbito comparado” y, en algunos casos, se ha tendido a desechar por reparos parecidos a los que formulan los expertos en Chile.
De cara al trámite legislativo del proyecto, Duce sugirió un “debate reposado en que examinemos la evidencia disponible y no la popularidad de la medida”.
Y puso de ejemplo los retiros de fondos de pensiones.
Por ahora, añadió, “tenemos solo los titulares del proyecto, pero falta mucho todavía por conocer, como la letra chica; y esto tal vez es un punto para partir conversando”.
“Es una política aparentemente neutra, pero que tiene un impacto discriminatorio en los más pobres, que son los que dependen de los beneficios sociales. Desde el punto de vista constitucional, la prohibición de discriminación arbitraria no solo se produce cuando hay una intención de discriminar, sino que también cuando el efecto es discriminatorio. Si los beneficios sociales son derechos constitucionales que el Estado debe garantizar (como las pensiones), sería inconstitucional privar a las personas de ellos por mala conducta”. Verónica Undurraga, Presidió la Comisión Experta del proceso constitucional 2023.
“Tal como han indicado una serie de especialistas en política criminal, probablemente tenga un rol disuasorio muy bajo y es una política que puede profundizar la desigualdad y pobreza, que afecta de modo desigual a personas de NSE más bajo, que puede afectar el ejercicio de derechos fundamentales (salud, educación, seguridad social) (…) Creo que hay otras formas menos gravosas y con menos problemas de los indicados para lograr el objetivo buscado”. María Jaraquemada, lideró Comisión Presidencial para la Probidad.
“La exclusión de ciertos beneficios sociales podría ser peor que el problema que se quiere resolver, marginando aún más a estos individuos. Mejor serían intervenciones de rehabilitación o sanciones de trabajo comunitario o penal si corresponde”. Claudio Seebach, Decano de la Facultad de Ingeniería UAI.
“Los derechos sociales no debieran estar en juego, toda vez que son derechos. En principio, la pena por los delitos cometidos debería ser suficiente para desincentivar la comisión de delitos”. Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos.
“Depende de lo que persiga la medida (…) Dudo mucho que sirva para desincentivar a algunos de estos grupos (además de mezclar a personas que actúan de esa forma por motivaciones muy diferentes), por lo que pienso que será muy poco efectiva. Ex ante, no pienso que sea una mala política pública, pero, en la forma en que se plantea, creo que no será efectiva, por eso mi clasificación neutral”. Andrés Hernando, Director Escuela de Ingeniería Comercial UDP.
“Es importante clarificar como se entra al registro. LA discrecionalidad del estado para entregar prestaciones es muy peligrosa”. Francisco Covarrubias, Rector U. Adolfo Ibáñez.
“El problema que busca resolver este registro es real y debe ser abordado. La modalidad propuesta, exclusión de “beneficios sociales” puede fácilmente derivar en exclusión de DERECHOS SOCIALES, lo que resulta chocante por varias razones. En primer lugar, porque los beneficiarios de derechos sociales (pongamos por caso la gratuidad en educación superior) no se distribuyen aleatoriamente en la población (…) En segundo lugar, porque esta posible deriva significaría discriminar por clase social, lo que es inaceptable. En tercer lugar, porque el eventual retiro de un derecho social no es solo un castigo o una pena, es un retiro del individuo de la sociedad en donde no podrá sobrevivir sin ese derecho”. Alfredo Joignant, doctor en ciencia política.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Rodolfo Carrasco
