Tras su anuncio en cadena nacional tres meses atrás, esta mañana el presidente Sebastián Piñera presentó los cuatro proyectos de ley que comprende la agenda antiabusos. Las iniciativas se enfocan en medidas para aumentar las sanciones de los delitos de colusión; castigos al uso de información privilegiada; la creación de un denunciante anónimo; y el aumento del plazo de prescripción de los delitos electorales.
Sin embargo, algunos no han quedado del todo conformes. Y es que desde el Consejo para la Transparencia (CPLT) y Chile Transparente sostienen que si bien este es un primer paso para este tipo de materias, todavía quedan algunos puntos pendientes.
Para Jorge Jaraquemada, presidente del CPLT esta agenda representa un "avance indudable y necesario" pero que "está llegando un poco tarde y, además, me parece que sigue siendo una agenda coja o incompleta", porque, a su juicio, no incluye instituciones "respecto de las cuales la gente estima que son actores privilegiados o donde hay brechas de ese tipo, por ejemplo, el parlamento".
Una visión parecida tiene la presidenta de Chile Transparente, Susana Sierra, quien valora la iniciativa del Gobierno pero cree que "hay que estudiarlas bien y mejorarlas en el Congreso".
"Creo que faltó enfocarse en fortalecer al Ministerio Público y el tema del beneficiario final", puntualizó la ingeniera comercial.
Ausencia de transparencia
De las propuestas, Sierra rescata "el denunciante anónimo, ya que es un primer paso para un cambio de cultura" además de la prescripción de delitos electorales, "que es fundamental que se aplique antes de elecciones de octubre", puntualiza.
Pese a que se aumenta el periodo de prescripción de delitos electorales- pasando de dos a cinco años-, Jaraquemada subrayó que se trata de una agenda acotada "que no ataca el conflicto de interés que puedan tener parlamentarios y que hemos señalado en reiteradas oportunidades; no vemos -además- medidas pro transparencia, de ampliación del tema de Alta Dirección Pública o de aplicación de ley del Lobby a las empresa públicas".
Adicionalmente advirtió que "tampoco hay nada en torno al tema municipal de dobles contrataciones, por ejemplo, uso de horas extraordinarias, de donaciones que los privados hacen a organismos municipales o de las compras y licitaciones que ahí se realizan; tampoco vemos iniciativas que vayan a un tema prioritario como supervigilar adecuadamente los procesos de adjudicación y modificaciones o término de grandes contratos de licitación en infraestructura".
Desde su punto de vista tampoco habría un aumento de sanciones para las personas naturales o jurídicas que hayan participado en actos contrarios a la probidad o libre competencia, "por ejemplo, estableciendo que no puedan participar en futuras licitaciones del Estado", "ni mayores atribuciones para una entidad tan relevante como la Contraloría General de la República".
"En este sentido, lo que me cabe a mí concluir es que la única forma de avanzar en una mayor credibilidad y confianza en las instituciones es acelerando e incrementando la mayor transparencia y probidad en el sistema público en general", concluyó el abogado.
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