Ayer la disputa entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y las entidades financieras que integran la propiedad de Transbank llegó a su punto de mayor tensión. Esto porque la causa, que llegó a la Corte Suprema, vivió una extensa jornada de alegatos, la que se prolongó por cerca de cuatro horas.
Las presentaciones estuvieron marcadas, por un lado, por la defensa de la FNE que insistió que la consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) buscaba simplemente "revisar un dictamen anterior" y abrir una discusión sobre el estado del mercado, mientras que los bancos -BCI, Banco de Chile, Santander, Scotiabank, BBVA y BancoEstado- replicaron que, por el contrario, el objeto de la misma es que se declaren ilícitos anticompetitivos, que se impongan sanciones, y que se regule el mercado, lo que sería inadmisible en un procedimiento contencioso.
En ese sentido, acusaron que, a partir de sus actos, dicha entidad ha evidenciado que quiere convertir al TDLC en un organismo regulador del mercado de los medios de pago electrónicos. "La FNE pretende que el Tribunal de la Libre Competencia se transforme en un organismo regulador de los medios de pago electrónicos, determinando su estructura, funcionamiento, organización", por medio de la dictación de "medidas de carácter general abstracto obligatorias que atañen a todos los actores del mercado, no sólo a Transbank", expuso Ricardo Riesco (Philippi) en representación de Banco Santander.
El experto añadió que "creemos que si se permite esta ampliación de las atribuciones del TDLC" se estarían "vulnerando" varias disposiciones legales y la jurisprudencia que ha demostrado el mencionado tribunal en este ámbito.
La abogada de BancoEstado, Gabriela Morales (Avendaño Merino), también apuntó a que la Fiscalía ha solicitado medidas excesivas, entre ellas haberle pedido al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que promuevan modificaciones legales "que generen condiciones de mercado suficientes para garantizar competencia en los problemas de integración vertical".
Por su parte, Pedro Rencoret (Pellegrini & Cía.) abogado del Scotiabank enfatizó que "el procedimiento 'no contencioso' de consulta es incompatible con la declaración de supuestos ilícitos anticompetitivos y la imposición de sanciones, como solicita la Fiscalía".
FNE
Por el contrario, durante su presentación, la abogada de la FNE, Vanessa Facuse, defendió la posición del ente fiscalizador y manifestó que en la actualidad "existe un tamaño de mercado muy distinto al de 1991 (cuando se le entregó la autorización a Transbank), que permite el ingreso de competencia al monopolio".
Asimismo, la jefa de la Divisón Litigios del organismo descartó que la FNE "esté imputando infracciones -como señalan los bancos-", y reafirmó que las medidas propuestas efectivamente son materia de una consulta, como la que presentaron ante el TDLC, y no corresponden a sanciones, dado que no tienen una finalidad represiva.
Antecedentes del caso
En junio pasado, el TDLC declaró inadmisible la consulta de la FNE, que pedía a dicha entidad revisar si la autorización otorgada en 1991 a bancos e instituciones financieras, para actuar a través de Transbank, vulnera o no la ley de libre competencia. Tras ello, la FNE presentó un recurso de reclamación ante la Corte Suprema para que ésta deje sin efecto la resolución del TDLC. Y tras cuatro meses, en los que se enfrentaron la Fiscalía con la banca, el proceso de alegatos de las partes llego a su fin, por lo que la causa quedó en acuerdo (en condiciones de ser fallada).
Según fuentes cercanas al caso, el máximo tribunal entregaría su dictamen a más tardar en
unas tres semanas. Las opciones son dos: rechazar el recurso presentando por la fiscalía, dando por finalizado el caso, o aceptarlo, lo que derivaría en exigirle al TDLC que revise la autorización legal de la sociedad de apoyo al giro bancario.
Cañas: "Queremos competir pero en igualdad de condiciones"
El presidente de Transbank, Fernando Cañas, expuso ayer en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en el marco del proyecto de ley que impulsa la competencia en el mercado de tarjetas de crédito y débito.
En la instancia, Cañas aseveró que "evidentemente lo que queremos es competir en igualdad de condiciones con todo el resto del comercio".
Por esa razón, acotó, le han solicitado a las autoridades que las redes que quieran ingresar al mercado de medios de pago electrónico tengan "requerimientos tecnológicos y de solvencia que sean comparables con los que tiene Transbank".
Esto, con el objetivo de "garantizar que no se afecta al sistema de pagos en el país", donde "nuestra compañía ha destacada en términos de tecnología, de prevención de fraudes, en materia de innovación, etc.", añadió el directivo.
En tanto que Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central, también realizó una presentación. El titular del instituto emisor resaltó que "respecto del prepago, este proyecto contiene los elementos necesarios para que la emisión de tarjetas por parte de entidades no bancarias se de en condiciones de seguridad".
Pese a ello, recomendó "esperar la conclusión de los procesos abiertos en los que la institucionalidad competente se encuentra revisando estos mismos temas y luego de eso evaluar la necesidad de introducir cambios legales", dijo Vergara.
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