El gerente general de Pampa Calichera y Norte Grande, Aldo Motta, y la secretaria de actas de ambas sociedades, Claudia Morales, se convirtieron esta mañana en los primeros formalizados del denominado caso cascadas de SQM.
El ejecutivo llegó con el abogado Julián López (el mismo de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano en el caso Penta) hasta la unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte a prestar declaración por la supuesta entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
En ese contexto, el fiscal José Morales pidió a la jueza Carolina Gajardo dejar con arraigo nacional al ejecutivo y un plazo de ocho meses para la investigación. Sin embargo, esto fue rebatido por la defensa y finalmente la jueza decidió acoger la petición sobre el arraigo, pero sólo otorgó tres meses de plazo para investigar.
"Es un plazo bastante razonable considerando los antecedentes que faltan (...) Falta citar a otros directores, a Julio Ponce Lerou, a Francisca Ponce, Julio Ponce Pinochet, entre otros", dijo el fiscal José Morales.
Consultado respecto a la medida de arraigo pedido y no una acción más restrictiva, el fiscal explicó que "hay que considerar que este es un primer paso de la investigación. El señor Motta es posible que esté también imputado por otros cargos del artículo 53 de la ley de mercado de valores, por lo tanto, este es el primer paso dentro del caso Cascadas y seguramente van a existir nuevas formalizaciones a futuro en este caso contra el señor Motta y otras personas que controlan la sociedad".
Cabe consignar que Motta se lo acusa de haber infringido el artículo 59 A de la Ley del Mercado de Valores que condena a quienes maliciosamente proporcionen antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la superintendencia, a una bolsa de valores o al público en general.
La determinación se adoptó dado que los antecedentes recabados durante la investigación permitieron establecer que dentro de las sociedades Cascada se cambiaron actas para dificultar la actividad fiscalizadora de la SVS.
El Fiscal Morales declaró en diciembre que la posible falsificación de actas, afectó la función fiscalizadora de la SVS y añadió que "hay antecedentes suficientes para pensar que se falsificaron las actas de dos sociedades anónimas y éstas fueron entregadas a la Superintendencia. Es decir, se entregaron al regulador antecedentes que no correspondían a la realidad".
Con la formalización, la fiscalía contará con mayores atribuciones para ordenar diligencias que antes no podía solicitar, además de pedir medidas cautelares, y se suspende el curso de la prescripción de la acción penal, según lo dispuesto por el Código Penal.
Las condenas que arriesgan estos ejecutivos irían desde presidio menor en su grado medio, a presidio mayor en grado mínimo.
Motta fue multado en octubre pasado por la SVS en unos US$25 millones, tras constatar una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores
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