A poco más de seis meses de que Diario Financiero diera a conocer la eventual falsificación de actas de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera, el Ministerio Público llevó a cabo ayer la formalización del gerente general de las compañías, Aldo Motta, y la abogada que ejerció como secretaria de las mesas, Claudia Morales, por esta arista del caso Cascadas (ver nota relacionada).
Y según adelantó ayer el fiscal José Morales -quien lidera la Unidad de Delitos de Alta Complejidad-, a la salida de la audiencia de formalización, está considerando solicitar el mismo trámite procesal para otros ejecutivos involucrados dentro de la investigación general, incluyendo a los controladores de las compañías.
"Es posible que Motta sea imputado por otros cargos del artículo 53 de La Ley de Mercado de Valores (LMV); por lo tanto, este es el primer paso dentro del Caso Cascadas y seguramente van a existir nuevas formalizaciones a futuro contra el señor Motta y otras personas que controlan la sociedad", señaló Morales, quien agregó que Julio Ponce Lerou, "es una de las personas que está siendo investigada por los cargos del artículo 53 de la LMV".
Sin embargo, el fiscal no señaló a cuál de todos los frentes de la causa se estaba refiriendo.
Según trascendió, se trata justamente de las operaciones que dan origen al caso Cascadas, incluidasdentro de la llamada arista Linzor, y que se realizaron en 2011.
Cabe recordar que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), logró acreditar que Linzor Asset Management, por intermedio de su representante legal, Canio Corbo Atria, prestó al fondo TRF, para que operara como puente entre dos sociedades (Pampa Calichera-Global Mining y Oro Blanco), siendo así funcional al objetivo de aparecer como un tercero, evitando así que se considerara como operación entre relacionadas, desnaturalizando de esta forma el uso de los mecanismos bursátiles.
La entidad dirigida por Carlos Pavez detalló que "hemos llegado a la convicción que las operaciones (...) afectan y lesionan gravemente el principio de buena fe que debe existir en cualquier mercado de valores. Esperamos que estas sanciones sirvan para disuadir aquellas conductas que se alejen de las exigencias que impone la Ley de Mercado de Valores en Chile y esperamos que estos hechos no vuelvan a ocurrir en nuestro mercado".
Como consecuencia, el ex gerente de inversiones de Banchile Corredores de Bolsa, Cristián Araya, recibió la sanción más alta: 75.000 UF, lo que equivale a cerca de US$ 3,1 millones.
El regulador también multó a Banchile Corredores de Bolsa por un monto total de 50.000 UF, lo que asciende a cerca de US$ 2,1 millones. "Banchile no ha diseñado ni ha participado en ninguna maniobra encaminada a burlar los preceptos de la ley de valores o la reglamentación bursátil", se lee en su documento de descargos.
Canio Corbo, en su calidad de representante legal de Linzor Asset Managment, fue multado con 20.000 UF (US$ 844 mil).
Las operaciones cuestionadas
Compra y venta
La operación Linzor contempla que Global Mining Ltd. -controlada por Pampa Calichera- era dueña de cinco millones de acciones de SQM serie A y, a través de Banchile Corredores, vendió en un precio de $ 27.100 cada uno de los papeles al fondo de inversiones Linzor, el 29 de marzo de 2011. Éste, por su parte, el mismo día volvió a vender estos cinco millones de acciones a Oro Blanco, a un valor de $ 27.138 por papel. "Lo relevante en esto, es que posteriormente, la sociedad Pampa Calichera, considera las utilidades surgidas de esta operación como utilidades de la empresa", dice el fiscal Morales, explicando que estas ganancias representaron un 70% de las utilidades de Pampa durante 2011. Sin embargo, la SVS le ordenó reversar esas ganancias, porque consideró que se trataba de una transacción entre empresas relacionadas.
"Estas acciones nunca salen del dominio del grupo Pampa", agregó Morales, explicando que la venta se realizó en 22 operaciones: 21 por 230 mil acciones y una por 170 mil acciones.
La mecánica
Global Mining vendió a Linzor en $ 27.100 y Linzor, tres minutos más tarde, le vendió a Oro Blanco esas mismas acciones. Terminada esa operación, relata el fiscal, y se pasa al siguiente paquete de 230 mil, con el mismo modelo. "Es decir, nunca hay un traspaso o desprendimiento de los cinco millones de acciones a un tercero", acusó José Morales.
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