A fin de mes, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel definirá el futuro de la primera denuncia penal por el caso de colusión entre las papeleras CMPC, ligada al grupo Matte, y la sueca SCA.
Si el tribunal determina que el Ministerio Público puede tener acceso a la investigación secreta de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en este caso, la que se incluye las declaraciones de los ejecutivos, obtenidas a través del mecanismo de delación compensada, el persecutor podrá construir el caso penal, que hoy está en fase de investigación no formalizada.
En caso contrario, el Ministerio Público analizará archivar este proceso, por no contar con material suficiente.
La denuncia presentada por los diputados Daniel Farcas y Gabriel Silber busca determinar si el acuerdo para fijar precios y repartirse el mercado entre CMPC y SCA, que según la FNE se extendió por más de una década, cae dentro de los ilícitos descritos en el Código Penal.
A principios de enero, el Tribunal Constitucional resolvió la contienda entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía, negando a ésta última el acceso a los expedientes secretos de la investigación.
El fallo será dado a conocer por el tribunal de alzada el próximo 28 de marzo.
Dura contienda
Ayer se llevaron a cabo los alegatos entre las partes, y el titular de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, tuvo fuertes críticas a la negativa de la FNE de entregar los antecedentes reservados.
Señaló que la confidencialidad de los expedientes a los que alude la FNE “solo se extiende a aquellos que afectan el desenvolvimiento comercial de las empresas, pero sólo en los actos lícitos, no en los ilícitos”.
Agregó que “ni la FNE ni el TDLC pueden garantizar derechos” a las empresas y ejecutivos involucrados en la colusión.
“Los antecedentes de los ilícitos no pueden ser resguardados bajo la Constitución” sostuvo.
Por su parte, el organismo que encabeza Felipe Irarrázabal señaló que el Ministerio Público no era capaz de asegurar que dichos antecedentes, mediante los cuales el organismo construyó el caso contra las papeleras, no serían utilizados para afectar la operación comercial de las firmas acusadas, y de otras que aportaron antecedentes.
Asimismo, indicó que el Ministerio Público tampoco podía exigir toda la información, pues no había demostrado que esta era “indispensable” para la investigación que lleva a cabo.
“Nosotros accedemos a la petición, pero no en la forma en que lo ha pedido el Ministerio Público (...) Estaríamos incurriendo en desacato si entregamos la información”, dijo el abogado de la FNE.
La investigación de este último organismo consta de unas 65 mil fojas, entre declaraciones, documentos comerciales y otros de carácter reservado.
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