Algunas de las principales dudas que surgen a partir del proyecto de AFP estatal guardan relación con la forma en la que se van a resolver determinados conflictos de interés, además de las garantías que existirán para que ésta compita de igual a igual con el resto del mercado.
Fue en este escenario que el académico Salvador Valdés, Investigador de CLAPES UC, propuso ante la Comisión de Trabajo de la Cámara, una serie de modificaciones que permitan asegurar un correcto funcionamiento.
De acuerdo al experto, "el proyecto es un avance respecto de lo que se había hablado antes, pero todavía le falta; y le faltan cosas bien importantes". Sin embargo, agrega que los detalles son solucionables, y mejorar el documento depende de la voluntad del Ejecutivo y de los parlamentarios de exigir un estándar más alto.
De acuerdo a Valdés, uno de los puntos más relevantes tiene relación con la conformación del gobierno corporativo de la AFP Estatal y la forma en la que se elegirán a sus principales ejecutivos, aspecto donde, justamente, se podrían presentar conflictos de interés.
Los puntos de conflicto
De acuerdo a Valdés, "en las empresas estatales los ejecutivos más altos son seleccionados por el gobierno de turno, lo que genera varios problemas. Uno de ellos es que los gobiernos siempre tienen un natural interés en reelegirse, y a veces eso puede entrar en conflicto con los objetivos de los afiliados, que es tener la mejor pensión posible".
Por esta razón, entre las propuestas del académico está el exigir calificación profesional a todos los directores, además de mejorar la composición del directorio. Para esto último se propone reducir el número de directores designados por el Presidente de la República de forma directa a sólo uno; aumentar de cuatro a cinco los provenientes de ternas seleccionadas por el Consejo de la Alta Dirección Pública, y sumar uno proveniente de una terna propuesta por el Consejo del Banco Central.
Y así como se propone hacer más independiente al directorio, se busca lo mismo para los cuatro principales ejecutivos de la administradora, donde se incluyen al gerente general, al gerente de operaciones, al de inversiones, y al fiscal.
"Ellos tienen que ser filtrados por el sistema de la Alta Dirección Pública. Si no, se corre el riesgo de que el directorio sea muy bonito, pero los ejecutivos los designen desde La Moneda, y respondan a ella y no al directorio", agrega Valdés.
Mínima rentabilidad
Otro punto que Valdés menciona, es que se debe establecer una rentabilidad mínima a obtener por la administradora. "No puede ser que la AFP del Estado no tenga una obligación de rentabilidad, en el sentido de devolverle al Fisco un retorno razonable sobre los aportes de capital que haga".
Bajo esta lógica, propone que se defina una referencia de rentabilidad anual sobre el patrimonio. Ésta sería el promedio de las rentabilidades obtenidas por las empresas que conforman el Sistema de Empresas Públicas (SEP) en el mismo año, sumando a Enap, Enami, EFE y Televisión Nacional.
En este punto, también señala exigencias para que la AFP estatal pueda participar de las licitaciones de cartera de afiliados, las que tienen que ver con el hecho de haber obtenido rentabilidades positivas.
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