La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha debido investigar varios escándalos empresariales en los últimos años, y en varias ocasiones, ha aplicado sanciones y multas.
El problema está cuando los procesos terminan prolongándose por largos periodos en tribunales -lo cual ya es prácticamente considerado como un dato de la causa-, donde no necesariamente se le da la razón al regulador.
Ejemplo de eso fue el fallo del juzgado civil que favoreció a LarrainVial Corredora de Bolsa y a Leonidas Vial, por encima de la institución liderada por Carlos Pavez, en el marco de la multa que ésta le aplicó a la intermediaria en el caso cascadas.
Un hecho más reciente, aún, es la resolución de la Corte de Apelaciones que determinó que la SVS se había equivocado al no aplicar la norma de las Operaciones entre Partes Relacionadas (OPR) en la polémica reestructuración de Enersis.
La solución
En ese contexto, dado que en la justicia se dan varias instancias para apelar, dicen en el mercado, es evidente que hace falta un procedimiento más eficiente y que no perdure eternamente. Sólo se debe recordar lo que ocurrió en el caso La Polar, que explotó en 2011, y recién hace un año se han estado viendo ratificaciones de multas o cargos.
Según el ex jefe del Área de Cumplimiento de Mercado (Acme) de la SVS, Hugo Caneo, los fallos de la institución se pueden haber dado por la falta de un índice o benchmark que indique parámetros de las compañías y le permita comparar comportamientos y anomalidades.
“Eso debería ser tomado en cuenta por el regulador al momento de la fiscalización”, comenta.
En ese camino, el académico sostiene que la SVS debiera poder resolver casos como lo hace la SEC de EEUU, donde todas las partes ganan.
“Creo que es algo que la Súper de Valores también debiera tener; debería existir porque también es mucho más eficiente terminar una investigación antes que seguir con una que dure 20 años y que no sirva de nada”, manifiesta.
Además, dice, “como accionista minoritario, lo que te conviene es que los casos se resuelvan rápido y que ojalá haya reposición de perjuicio”.
El ex superintendente de Valores Álvaro Clarke coincide con esto. “Estoy de acuerdo con que haya un mecanismo formal con procedimientos claros, y que incentive la aclaración de las situaciones irregulares”, señala.
Esto porque “desde una perspectiva económica o de costo-beneficio, se ha demostrado que este tipo de instrumentos pueden ser más eficientes del punto de vista social, que los procedimientos regulares a través de los tribunales”.
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