Una nueva controversia se abrió entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A., a cargo del proyecto “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”, que considera la ampliación a doble calzada de cerca de 55 kilómetros de la Ruta 180, entre Los Ángeles y Huequén, en las regiones del Biobío y La Araucanía, actualmente en operación.
La firma -constituida por Besalco Inversiones y Energía y Empresa Constructora Belfi, cada una con el 50%- solicitó al Panel Técnico de Concesiones que recomiende al MOP compensarla con UF 259.138 (US$ 11 millones), equivalentes al 64% de los sobrecostos que dice haber enfrentado por el alza de materiales de construcción entre abril de 2021 y octubre de 2025. Según su planteamiento, el encarecimiento de insumos como combustibles, asfalto y acero habría roto el equilibrio económico-financiero del contrato.
Pero el MOP pidió rechazar la discrepancia en todas sus partes. En su presentación, la cartera sostuvo que la concesionaria pretende trasladar al Fisco costos que, a su juicio, corresponden al riesgo propio de la etapa de construcción. El ministerio invocó el artículo 22 de la Ley de Concesiones, que establece que las obras se ejecutan “a entero riesgo del concesionario”, incluso frente a desembolsos derivados de caso fortuito o fuerza mayor.
La defensa del Estado
La defensa fiscal también remarcó que el MOP sí colaboró con la empresa durante la ejecución del contrato. Según el escrito, la autoridad autorizó sucesivas ampliaciones de plazo: 135 días por efectos del estallido social y la pandemia; otros 201 días por impactos del Covid-19; 58 días por los incendios forestales de 2023; y nuevos plazos asociados a modificaciones técnicas del proyecto.
Además, el ministerio apuntó a una supuesta inconsistencia en el reclamo, ya que la concesionaria habría vinculado parte del aumento de costos a un contrato de construcción entre privados y a eventuales retrasos en la entrega de terrenos, materia que, según el propio escrito, sería objeto de una discrepancia separada.
En ese contexto, el MOP sostuvo que no corresponde transformar las ampliaciones de plazo otorgadas en una fuente de compensaciones económicas no previstas en las bases de licitación, ni alterar el régimen de riesgos del contrato.
Los antecedentes del Panel
Desde la otra vereda, la Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta sostuvo que el alza de los principales insumos de la construcción respondió a circunstancias excepcionales e imprevisibles, como la pandemia del Covid-19, la crisis global de suministros y la guerra entre Rusia y Ucrania, las que -a su juicio- excedieron el riesgo normal asumido al presentar su oferta.
En esa línea, afirmó que no busca que el Estado absorba la totalidad de los mayores costos, sino solo el 64% del sobrecosto calculado, equivalente a UF 259.138, luego de asumir como propios UF 146.619. Asimismo, recordó que el propio Panel Técnico, en discrepancias anteriores, ha reconocido que las alzas de los insumos derivadas de la pandemia constituyeron un "hecho sobreviniente, imprevisto, ajeno a la voluntad de las partes", susceptible de afectar el equilibrio económico-financiero de los contratos de concesión.
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