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Publicado: Miércoles 13 de noviembre de 2013 a las 05:00 hrs.
El lunes pasado fue presentado por Curauma el recurso de hecho en contra del árbitro Diego Munita, quien declaró en la última junta de acreedores, que la sociedad había presentado los cambios al convenio judicial preventivo fuera de plazo.
Según el escrito, presentado por la abogada Jesica Torres, en representación de la compañía controlada por Manuel Cruzat Infante, Munita resolvió el 15 de octubre pasado en junta de acreedores, suspender la misma, fijando como plazo el 30 de octubre para que Curauma presentara las modificaciones a la propuesta de convenio judicial preventivo. Luego de esto, agrega el documento, el tribunal fijaría el día para continuar con la junta.
“Con fecha 23 de octubre y antes que el árbitro hubiere recibido las modificaciones al convenio, decide citar a los acreedores a la continuación de la junta deliberativa para el 7 de noviembre, contradiciendo su propia resolución que indicaba que se fijaría la continuación de la audiencia una vez recibidas las modificaciones”.
Luego, señala que las “contradicciones legales” en las que cae el árbitro son no sólo “graves, sino que además peligrosas” para un Estado de Derecho que confía en la resolución coherente de sus tribunales de justicia.
Cabe recordar que una
vez concluída la junta del 7 de noviembre, el siguiente paso que se espera que el árbitro Diego Munita tome es enviar los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para que se decrete la quiebra de la sociedad inmobiliaria.
Cabe destacar que las modificaciones que iban a ser incorporadas en el convenio judicial preventivo era la inclusión de nuevos activos para el pago de acreedores, los que actualmente están en manos de terceros.
Con relación a la polémica norma, el secretario de Estado dijo que "es el Congreso el que va a tener que evaluar particularmente si esta norma puede prosperar y en qué condiciones, pero eso es parte del debate democrático”.
Un dictamen de Contraloría que obligó a la Municipalidad de Iquique a invalidar más de 100 permisos ya otorgados, sentó un precedente . "Los planos deben cumplir las normas urbanísticas vigentes al momento de su tramitación final. Hoy hay proyectos en Antofagasta que no cumplen esa exigencia”, dice Rodrigo Andreucci.
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.
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