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REGÍSTRATE AQUÍEl 36% de los activos declarados por la distribuidora corresponden a inversiones en equipos de los usuarios.
Por: Antonio Astudillo M.
Publicado: Miércoles 4 de febrero de 2015 a las 05:00 hrs.
El gasto por conversiones de Metrogas volvió a ser el centro de la disputa entre la distribuidora y el gobierno, luego que ayer la Comisión Nacional de Energía (CNE), acusó a la firma de incrementar este ítem sin justificación económica o técnica, sino que sólo con el objetivo de reducir su nivel de rentabilidad.
En el marco de la audiencia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por el proceso de fijación tarifaria de Metrogas, el abogado de la CNE y ex ministro del tribunal, Javier Velozo, dijo que durante el proceso de chequeo de rentabilidad de 2012 y 2013 la filial de Gasco incrementó en 50% el valor declarado por conversiones.
"Cuesta entender el cálculo de Metrogas por el chequeo de rentabilidad para las conversiones. En 2012 éstas representaron el 20% de los activos utilizados para el cálculo del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), mientras que en 2013 subieron al 30%, un alza de 50%", dijo Velozo.
El representante añadió que la distribuidora no realizó inversiones relevantes en redes, ni tuvo un incremento en el número de clientes que justificara dicho incremento, el cual, acusó, sólo tuvo la finalidad de disminuir su tasa de rentabilidad frente al chequeo que realiza el gobierno.
Las conversiones, que son las inversiones que las distribuidoras realizan para conectar a un usuario a la red e incluyen la adaptación de artefactos como cocinas y calefón, han estado en el centro de la polémica entre el gobierno y la empresa, pues son un elemento que influye en la determinación del VNR, es decir, lo que cuesta una red de distribución construida desde cero, que a su vez incide en el cálculo de la tasa de rentabilidad de las empresas.
En octubre del año pasado, el chequeo de rentabilidad encargado por la CNE a las consultoras Valgesta y Mercados Energéticos estimó que Metrogas obtuvo un retorno de 11,4% en 2012 y 16,9% en 2013, por sobre el límite de 11% establecido en la ley, lo que finalmente gatilló la consulta por tarificación ante el TDLC por parte del municipio de Maipú.
La consideración de las conversiones en el VNR es clave para la empresa que ha afirmado que el 36% de sus activos declarados, son justamente estos procesos, los que valorizó en unos US$ 660 millones. El ministro de Energía, Máximo Pacheco, ha sostenido que en realidad estas instalaciones, al interior de los hogares o recintos del cliente, son gastos de comercialización.
Sin facultad para regular
En las tres horas de audiencia, tanto la defensa de Metrogas, encabeza por José Miguel Gana, del estudio Avendaño Merino abogados, como el representante del Ministerio de Energía, Jorge Streeter, sostuvieron que el proceso de consulta debía ser desechado por el TDLC, pues los vacíos en la ley del gas impiden que se aplique el proceso de regulación tarifaria por parte de la cartera.
Asimismo, Gana descartó que la distribuidora exceda el límite de rentabilidad y dijo que la autoridad cometió arbitrariedades en su cálculo.
"Metrogas ha cumplido con los umbrales de rentabilidad que establece la ley, y también hay arbitrariedades de criterio para determinar dicha rentabilidad. Además, no existen normas legales para realizar el chequeo", dijo.
En este sentido, indicó que según los estudios encargados por la empresa, en 2013 la tasa de retorno habría alcanzado a 11,9%.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) sostuvo que la normativa vigente es insuficiente e indicó que el nivel de concentración en esta industria podía "eventualmente importar un riesgo a la competencia", dadas las relaciones cruzadas de propiedad entre los principales actores.
Los ministros de TDLC dejaron la resolución en acuerdo, es decir, lista para ser fallada, aunque no hay plazo definido para darla a conocer.
Las organizaciones de consumidores, junto al alcalde de Maipú, Christian Vittori, se mostraron disconformes con la postura del gobierno respecto de desechar el proceso, y señalaron que irán a la Justicia a pedir compensaciones.
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 y está orientada a startups y scaleups que integren tecnología, sostenibilidad y digitalización para transformar la operación y la experiencia en centros comerciales de la región.
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
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