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REGÍSTRATE AQUÍAcusa que afectados se ampararon en una normativa que abre la posibilidad a que el árbitro lo designe un juez.
Por: Lourdes Gómez B.
Publicado: Martes 28 de agosto de 2018 a las 04:00 hrs.
Hasta el Tribunal Constitucional recurrió el abogado Herman Chadwick, presidente de la compañía eléctrica Enel, para solicitar declarar inconstitucional el arbitraje que interpusieron los minoritarios que acusaron perjuicios por la implementación del Plan Elqui.
Según el escrito que ingresó al órgano, el presidente de Enel Chile solicitó la inaplicabilidad por inconstitucionalidad por la solicitud de arbitraje que pidió Inversiones Tricahue, dueña del 2,91% de la eléctrica Pehuenche y donde Enel Generación ostenta el 92,65% de la propiedad.
Los minoritarios recurrieron al 20° Juzgado Civil para solicitar un arbitraje con la italiana, “por el grave perjuicio derivado de haberse subyugado Pehuenche a los intereses individuales de sus controladores, que se ha traducido en una especie de absorción de facto de dicha compañía, se ha sumado recientemente un nuevo y grave perjuicio”, cita la demanda
Este libelo fue interpuesto contra Enel Chile y Enel Generación y también en contra de sus directores Pablo Cabrera, Fernán Gazmuri, Gerardo Jofré, Enrique Cibié, Jorge Atton y Julio Pellegrini, además de Chadwick.
Para ello, los minoritarios se ampararon en el artículo 227 Nº 4 del Código Orgánico de Tribunales (COT), que establece la designación de un árbitro nombrado por común acuerdo y en caso de no haber consenso establece que será designado por un juez civil.
Es este último punto el que rebate Chadwick, que recurrió al TC como persona natural.
Este argumento ya fue presentado ante el tribunal civil, que rechazó la medida. Hoy el abogado está a la espera de la resolución tras su apelación al tribunal de alzada.
Según argumenta el presidente de Enel Chile en el escrito al TC, aceptar la designación de un árbitro mixto -es decir ya sea por común acuerdo o designado por un juez en caso de no existir consenso- sería forzarlo a aceptar una resolución que no concurrió.
“Como consecuencia de la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, a pesar de no ser parte ni que me sea oponible de ninguna manera la cláusula arbitral que funda la solicitud de designación de árbitro intentada por Tricahue, me veré arrastrado en contra de mi voluntad a un arbitraje en el que de ninguna manera he consentido y al que no me encuentro obligado ni por ley ni por contrato alguno”, cita el documento.
El ejecutivo pide además que la suspensión del procedimiento sea de “forma urgente” ya que tras el rechazo de la oposición interpuesta, la medida está solo a la espera de la designación del árbitro en cuestión.
La sociedad acusó que las obras estuvieron paralizadas durante cuatro años debido a conflictos territoriales y judiciales con las comunidades, al punto de que trabajadores de la concesión sufrieron agresiones físicas.
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