Con un potencial para mover al año más de US$ 50 millones (considerando producto final), el tratamiento de las baterías en desuso de vehículos y de aplicación industrial, es el aspecto más polémico de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que aún no puede ser aplicada plenamente porque no cuenta con los reglamentos que debieron ser dictados hace más de un año.
Los intereses en torno a este negocio son tantos y tan fuertes, que explicarían las volteretas que ha experimentado su regulación durante los dos años transcurridos desde que la ley entró en vigencia. Esta norma obliga a asumir el reciclaje o valorización de los productos que caen en desuso, a las empresas que por primera vez ponen en el mercado esos productos.
En el caso de las baterías de autos, a las que se les extrae el plomo como componente principal, la discusión gira en torno a si la única planta de tratamiento que existe en Chile tiene capacidad suficiente para reciclar todas las unidades que se dan de baja, o si debiera derogarse el decreto del Ministerio de Salud que desde 2010 prohíbe exportarlas para ser procesadas en el extranjero.
En Chile no se fabrican baterías, por lo que este mercado está integrado en primer término por los importadores de estos dispositivos, entre los que figuran automotores y comercializadoras especializadas, como Emasa, Baterías Cyclon y ETNA.
Esta última empresa es la que ha manifestado una postura más extrema en defensa de la apertura de las exportaciones. En el otro extremo está RAM, dueña de Recimat, que compra estos dispositivos y los trata en su planta ubicada en Calama.
A lo largo de este tiempo ambas firmas han desplegado un intenso lobby para convencer a las autoridades de inclinarse por sus respectivas posturas, lo que se refleja en todos los cambios de signo que ha tenido la regulación. Las acciones incluyen la asesoría de lobbistas, la presentación de informes y reuniones con las autoridades, así como acciones ante la FNE y la Contraloría.
En esta línea, conocedores del tema destacan el rol que hace un tiempo asumió Víctor Petermann, dueño de la reserva ecológica Huilo-Huilo, quien también es accionista de RAM-Recimat. El empresario sería cercano al senador Andrés Allamand, quien votó en contra de la Ley REP porque ésta apuntaba a la liberalización de las exportaciones de residuos y eso, según planteó como argumento de su votación en la Sala, impactaría negativamente a la planta de RAM-Recimat.
Luego de que la primera idea del exministro Badenier fuera derogar el decreto que impide los envíos, el Comité de Ministros aprobó una versión del reglamento donde se permitía la exportación a países OCDE. Marcelo Mena, quien lo sucedió en la cartera, retiró la norma de la Contraloría y la reingresó pero estableciendo la prohibición mientras a nivel interno hubiera capacidad de tratamiento. Para validar la modificación, Mena se habría apoyado en un informe de metas de reciclaje de baterías y otros productos, que Medio Ambiente le encargó a la consultora Gescam, ligada a Hernán y Valentina Durán, quienes a su vez asesoran en este tema a RAM. Esta situación fue denunciada a la Contraloría, entidad que aún no emite un pronunciamiento.
Hoy el estatus del reglamento sobre movimientos transfronterizos es un misterio, ya que al asumir el actual gobierno el texto fue nuevamente retirado de la toma de razón, supuestamente para hacerle ajustes. Según comentan fuentes al interior del ministerio, el reglamento estaría en el escritorio de la ministra Marcela Cubillos sin mayor movimiento. Al ser consultados, dijeron que la polémica norma “está en revisión”.
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