A ocho meses desde que la frase del Presidente Sebastián Piñera “el usuario paga todo” desatara una tormenta por el costo que significaría el cambio de medidores eléctricos inteligentes, motivando la creación de una comisión investigadora para indagar el proceso, la instancia presidida por el diputado Pablo Vidal emitió su informe final.
La comisión acusa deficiencias en el diseño como la implementación de la política pública, tanto del gobierno anterior como del actual, acusando falta de transparencia, comunicación y participación de la ciudadanía en la medida.
Según el documento, de 124 páginas, el problema de diseño fue bajo la conducción del exministro de Energía, Andrés Rebolledo, y el exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, agregando que ellos lideraron el proceso de implementación y fueron los que impulsaron las indicaciones a la Ley 21.076, “alterando por completo su espíritu y sentido original”.
Según explican, el proyecto original no se refería en ningún caso a la propiedad de los empalmes o medidores eléctricos, ya que sólo buscaba establecer legalmente la obligación de las distribuidoras de solventar el retiro y reposición de estos equipos en casos de inutilización por fuerza mayor o catástrofe.
“Cobrar los equipos recambiados en la tarifa y no directamente como un servicio asociado en la cuenta de los usuarios fue sólo posible gracias a la redacción legal de la norma contenida en la Ley 21.076 introducida por el Ejecutivo”, se asegura.
Respecto del gobierno actual, señaló que “la exministra de Energía, Susana Jimenez, y en general la administración del Presidente Piñera no abordó la crisis de manera adecuada, debido a que el gobierno se mostró impreciso, contradictorio y errático en sus decisiones”.
Los diputados coinciden en que los medidores inteligentes son parte de una política pública que bien implementada es positiva, pero “la crisis de 2019 hará que difícilmente estos medidores puedan reconciliarse con la ciudadanía”.
Rol de las empresas
Además, dedicó una sección de sus conclusiones a abordar el rol de las empresas, señalando que hubo un aprovechamiento del desorden normativo.
Esto, porque aun cuando no estaba listo el anexo técnico donde se especifican las características que deben tener estos equipos para ser considerados como de medición inteligente, más de 400 mil unidades se instalaron.
Una de las compañías aludidas es Enel Distribución, señalando que instaló más de 250 mil equipos, los que fueron comprados a una filial de su holding (E-distribuzione SpA). “Genera suspicacia pensar en qué tipo de señales envió el regulador para que tomaran esta decisión”, dice el documento, dado que esos equipos no cumplen con parte de las características técnicas que se exigen.
Además acusó que pese a que se decidió no cobrar por el recambio del equipo, Enel “incluso ha vuelto a cobrar un ítem por ‘arriendo del medidor’ en las cuentas de los hogares a los que se les prometió que no se les cobraría, situación que está actualmente en conocimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, organismo que ordenó suspender los cobros”.
Medidas
En cuanto a propuestas, sugieren que en la ley larga de distribución se considere un sistema de participación que permita jugar un rol relevante en el diseño final del sistema de control y monitoreo.
Se propone que la información del consumo –y eventualmente de generación- de energía eléctrica de los clientes finales, para los efectos de la facturación, considere la participación de un tercero ajeno a las distribuidoras; y que la regulación debe orientarse a reconocer e institucionalizar la figura de la “comercializadora de energía eléctrica”, separando la distribución de la entrega de energía al cliente final.
Agregan que la implementación de un sistema de medición “inteligente” debe considerar plazos realistas y no siete años como se contemplaba.
“La propuesta es la de generar una política pública a largo plazo, diez o quince años”, dice.
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