El debate reavivado por la titularidad de la acción penal en los delitos de colusión, sin duda, es uno de los aspectos que ha concentrado en estos meses la discusión de la denominada Agenda Antiabusos y Anticolusión ingresada por el gobierno de Sebastián Piñera el pasado 13 de marzo, aunque originalmente la iniciativa no lo contempla. Justamente éste es uno de los puntos que forma parte de la primera consulta técnica, aplicada por el Programa UC de Libre Competencia junto a Libertad y Desarrollo, que encuestó a más de cuarenta expertos y ex autoridades del sector sobre la institucionalidad y la iniciativa legal en trámite, además de las otras discusiones que han surgido a raíz de la propuesta del Ejecutivo.
En la primera parte del sondeo, el grupo de expertos evaluó el desempeño de las autoridades de Libre Competencia en Chile en la última década. Sobre la Fiscalía Nacional Económica (FNE), un 94% dice tener una opinión favorable (26% "Muy buena" y 68% "Buena"), y solo un 6% califica la actuación del ente como "regular". Respecto al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el 85% señala estar de acuerdo con su actuar (15% lo califica como "Muy bueno" y 70% "Bueno"), mientras solo un 15% lo tilda de "regular".
Menos unánime es la valoración que realizaron de las resoluciones del máximo tribunal en juicios antimonopolios. El 44% de los consultados considera que el desempeño de la Corte Suprema en los últimos 10 años ha sido "regular", un 38% dice que su desempeño ha sido positivo y, por el contrario, un 18% lo califica como deficiente.
Respecto de la institucionalidad vigente en el país, el 88% de los consultados considera que las herramientas y facultades intrusivas con que cuenta actualmente la FNE son las adecuadas para cumplir los objetivos de la política de libre competencia en Chile (47% "Muy de acuerdo" y 41% "De acuerdo").
El proyecto y las recomendaciones
En relación a las propuestas que contempla el proyecto Antiabusos y Anticolusión del gobierno que busca entregar a la FNE nuevas herramientas para la persecución de carteles, aumentar las penas para el delito de colusión cuando recaiga sobre bienes y servicios de primera necesidad y, crear la figura del denunciante anónimo o reservado, la opinión mayoritaria de los especialistas es que la reforma al Decreto Ley 211, que hoy se discute en el Congreso Nacional, no se encuentra justificada (59%), en tanto, un 20% aún se manifiesta indeciso frente a este tema.
En cuanto a los distintos aspectos del proyecto Anticolusión, particularmente acerca de las propuestas para fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, un 41% de los consultados está de acuerdo (18% "Muy de acuerdo" y 23% "De acuerdo") y un 35% se manifiesta indeciso. El 62% de los consultados, en tanto, se manifiesta contrario a aumentar la pena para el delito de colusión cuando este recaiga sobre bienes y servicios de primera necesidad.
Mientras, un 41% de los consultados está de acuerdo con la propuesta de crear la figura del denunciante anónimo o reservado (12% "Muy de acuerdo" y 29% "De acuerdo").
Frente al aspecto que más se ha discutido en el último tiempo, el 77% de los consultados dice que la acción penal para perseguir el delito de colusión debe ser ejercida de manera exclusiva por la FNE (62% "Muy de acuerdo" y 15% "De acuerdo"), mientras solo un 9% de considera que debe ser ejercida de manera exclusiva por el Ministerio Público.
El documento generado a partir de las opiniones de los especialistas, también incluye recomendaciones que no son parte de la discusión actual, algunas de las cuales tienen que ver con realizar cambios en materias de operaciones de concentración y cómo regular transacciones multijurisdiccionales, además de regular de mejor manera a las participaciones minoritarias y una mayor claridad respecto de los umbrales de fusión en caso de operaciones de concentración en mercados tecnológicos, entre otros aspectos.
Descarga aquí el informe completo.
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