En el marco de su trámite parlamentario iniciado en 2015, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto de Ley de Fármacos II que, entre otras materias, regula la prescripción y dispensación de medicamentos, el punto más crítico no sólo desde el punto de vista del acceso y salud de las personas, sino también para el funcionamiento de este mercado y sus precios.
La Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa, gremio que agrupa a las compañías nacionales) cuestionó de plano el texto despachado por esa instancia legislativa.
"Con las indicaciones aprobadas, lo que se está haciendo es empoderar aún más a las cadenas de farmacias en abuso de su posición dominante, y no representan para nada lo que era el espíritu de la ley", señaló el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Elmer Torres.
El directivo sostuvo que la versión actual de este proyecto va en contra de una de las metas centrales del Ejecutivo en cuanto a propiciar un menor valor de los medicamentos. "Quienes van a fijar el precio son las cadenas de farmacias", indicó Torres, añadiendo que la versión actual del proyecto de ley no cumple con lo que se esperaba "en el sentido de empoderar a los consumidores entregándoles todas las herramientas e información".
El foco de su crítica está en la modalidad de prescripción de los fármacos, respecto de la cual la ley en trámite establece que en las recetas sólo se identificará el producto por su nomenclatura química o Denominación Común Internacional (DCI), lo que a juicio de Asilfa reduce la capacidad de elección de los consumidores y otorga un mayor poder a las farmacias.
"Las cadenas farmacéuticas están integradas verticalmente con su laboratorio y sus distribuidoras, además de tener propiedad del registro sanitario, por lo que tienen productos genéricos propios. Así, las personas van a comprar un medicamento genérico de la casa mucho más caro que si hubiese alternativas para elegir", asevera.
- ¿Cómo cambió este proyecto la modalidad de prescripción?
- En la Ley de Fármacos I, el médico podía prescribir tantos medicamentos de fantasía y como DCI que cumplan con la bioequivalencia. Pero en la discusión de la ley actual, la Comisión de Salud consideró que el texto debía cambiarse estableciendo la exclusividad del DCI.
- ¿Por qué ese cambio perjudica a los consumidores?
- No es sencillo para un paciente exigir un medicamento en la farmacia si no maneja lo que significa el producto. Entonces, en vez de apoyar a los usuarios dándoles una mayor facilidad, finalmente lo está complicado aún más, y va a empoderar al dependiente de la farmacia que finalmente entrega la información y hace la venta.
- Pero el objetivo de la prescripción por DCI es ofrecer medicamentos genéricos bioequivalentes más baratos que los de marca...
- Eso es lo que los parlamentarios creen, pero no conocen lo que ocurre en las farmacias. Es cosa de comprobar que la atorvastatina del laboratorio de cadena se vende a $ 2.800 y que en una farmacia independiente bordea los $ 1.000. Eso es lo que ocurre al cerrar la prescripción de forma tan estricta.
- ¿Cuál es el mejor mecanismo?
- Junto con anotar el DCI, consideramos que el médico también puede prescribir el producto de marca que estime conveniente de acuerdo con su experiencia clínica, y finalmente sea el usuario el que tome la decisión.
– ¿Por qué el proyecto de Ley de Fármacos II no bajará los precios de los medicamentos?
– El proyecto no alienta a bajar los precios de los medicamentos; muy por el contrario, la que va a fijar el precio es la cadena que tiene posición dominante en la distribución.
- ¿Debe reponerse ahora el artículo contra la integración vertical?
- Chile es el único país de Latinoamérica que tiene el 90% del mercado en manos de tres cadenas de farmacias integradas verticalmente. La pregunta es qué hacemos, y qué debieran responder los diputados, es: si originalmente el proyecto de ley traía ese artículo ¿por qué se eliminó? Por eso, esto tiene que seguir revisándose para que haya una mirada distinta en el texto final de la ley.
–¿Qué establecía en su inicio el proyecto de Ley de Fármacos II respecto de la integración vertical?
–Originalmente, el artículo 128 decía que una farmacia o una cadena de farmacias no podía tener propiedad registros sanitarios ni laboratorios propios. Al mismo tiempo, un laboratorio no podía tener una cadena de farmacias para distribuir sus productos. Es una situación ética que se respeta en la mayoría de los países del mundo y sobre la cual existe legislación que se ha llevado a la práctica; por ejemplo, en Canadá la Corte Suprema determinó que una cadena de farmacias no podía tener marcas propias para cambiar un producto de prescripción. Consideramos que en Chile este tema no se ha respetado.
–¿Qué otras acciones serían adecuadas para aumentar la transparencia y ofrecer mejores alternativas a los consumidores?
–Una medida que esta propuesta razonable, y que se está llevando a la práctica, es el Observatorio Internacional de Precios, que apunta fundamentalmente a resolver los problemas del sistema público, en especial en relación a las patologías más complejas como el cáncer, o terapias retrovirales e inmunoterapias, que requieren productos de alto valor. Al tener este observatorio y la autoridad pueda comparar los precios que se cobran en Chile respecto a otros mercados, va a haber un mecanismo de negociación donde se logre bajar significativamente el valor de los productos para el sistema público.
–¿Qué medidas hacen falta en el caso del ámbito privado?
–En el sistema privado, donde la mayoría de los chilenos compra los medicamentos, no existe esa fiscalización y transparencia para empoderar al consumidor en términos de que pueda tomar una decisión correcta al momento de comprar un medicamento en la farmacia con información de las alternativas existentes a precios accesibles. En general, es necesario mejorar lo que tiene que ver con los seguros públicos y privados a través de las isapres y Fonasa, para así ayudar a financiar los medicamentos de mejor manera. También avanzar en el tema impositivo – en países vecinos se aplica un IVA diferenciado a los medicamentos– y, por otro lado, transparentar los canales de distribución para ver cuál es la diferencia del precio que deja el laboratorio respecto del precio final en la farmacia.
–¿Cuál es la importancia de abordar el tema de manera integral ahora?
–Llevamos prácticamente seis años desde la Ley de Fármacos I y no se ha logrado mucho. Creo que este es el momento para poder avanzar y para eso nuestro sector está disponible. Hemos entregado toda la información a la Comisión de Salud, y planteado nuestros puntos de vista en una serie de temas que es muy importante que el Estado tenga presentes.
Guerra de precios: "Debe haber mayor fiscalización"
- Distintos estudios señalan que los precios de los medicamentos en Chile son los más altos de Latinoamérica, ¿cuál es su balance?
- Cuando se habla de que los medicamentos son caros, se refieren a los productos de marca con patente, en los que existen esas diferencias. Pero si se analizan los genéricos y similares (genéricos con marca local), somos los baratos en Latinoamérica: el precio promedio de los genéricos en Chile es de US$ 0,97, mientras que en Latinoamérica es de US$ 4,7.
- Por otro lado, un alto ejecutivo de la matriz de FASA reconoció que las cadenas entraron en una guerra de precios, ¿qué consecuencias ve?
- Si es de público conocimiento que existe una guerra de precios, debe haber una mayor fiscalización en todo el tema de la distribución de los medicamentos, para transparentar cuáles son los verdaderos márgenes de las cadenas de farmacias. El tema de las guerras de precios se produce cuando hay un abuso dominante del canal de distribución.
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