Las últimas estadísticas en materia de reorganizaciones financieras están revelando la magnitud de los efectos de la pandemia sobre las empresas, procesos que ahora tienen como telón de fondo las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la contingencia económica con un nuevo proyecto de Ley que comenzó a discutirse la semana pasada en el Congreso y que se suma a otras iniciativas desplegadas entre marzo y agosto.
La idea de la iniciativa es facilitar las reestructuraciones a nivel de las pequeñas y medianas empresas para procurar que la mayor cantidad de ellas no caiga en insolvencia. Sin embargo, un porcentaje importante de los expertos apuntan a que estas medidas están resultando “insuficientes” y “tardías” (ver nota relacionada).
En este escenario, el segundo estudio sobre este tema realizado por Fix Partners Consulting y Castañeda Abogados -ahora en colaboración con el Centro de Finanzas Empresariales de la Universidad Adolfo Ibáñez- arrojó los datos más recientes sobre la evolución de los casos bajo la Ley de Insolvencias que revelan un crecimiento sostenido de los recursos involucrados en estos procesos a nivel general.
En efecto, el volumen total de la deuda sometida a procesos de reorganización ascendió a $ 880.095 millones entre enero y agosto de 2020, cifra que ya supera en un 22% a los $ 723.629 millones que se acumularon por este concepto durante todo el ejercicio 2019, de acuerdo a lo establecido por el análisis.
Asimismo, otro indicador que da cuenta del incremento de esta actividad es el incremento de la deuda promedio reestructurada de las compañías, que en los primeros ocho meses del presente año alcanzó a $ 34,2 mil millones, cifra que duplica a la observada en el mismo período de 2019, cuando ese monto se ubicó en niveles de $ 17, 2 mil millones. Es dato confirma que “las empresas que están acogiéndose a procesos de reorganización son medianas y grandes”, explicó Ernesto Solís, Senior Partner y Managing Director de Fix Partners.
Por su parte, en cuanto al número de procedimientos, el ejecutivo señaló que el número de firmas reorganizadas versus las liquidadas “sigue siendo baja” entre junio y agosto, tendencia en la cual inciden factores como que no hubo un aumento significativo de casos de reestructuración por factores como el despliegue de los créditos Covid-19, la ley de suspensión de trabajo, el gasto del 10% de retiro de AFP, las renegociaciones privadas de los acreedores con los deudores y otros incentivos que evitaron un auge en casos.
Pago a los acreedores
En el desglose de los porcentajes de recuperación según el tipo de crédito, Solís detalló que mientras este indicador se ubica en niveles de 6% para los créditos valistas (sin prioridad de desembolso), los niveles llegan a 88,1% para el caso de los acreedores de 1° categoría y a 46,7% en el caso de los créditos de 2° y 3 categoría.
“Lo anterior indica que existirían incentivos por parte de los acreedores para buscar un acuerdo en un proceso de reorganización”, explicó.
En este marco, el estudio estima que en 2020 y 2021 “debiera producirse un importante número de reorganizaciones, debido al interés común de acreedores ydeudores por evitar procedimientos de liquidación en los que, históricamente, los recuperos son muy bajos”.
En cuanto a las perspectivas, el experto subrayó que “es probable un aumento de casos de reorganización, dado que los estímulos y apoyos públicos a las empresas se detuvieron, y no se vislumbra un aumento de demanda en los próximos meses”.
En un análisis comparativo, el ejecutivo señaló que mientras en Chile, en general, la norma es que el plan de pago de la reorganización considere el pago del 100% de los créditos, en EEUU la reducción del capital adeudado (haircut, en inglés) es más frecuente.
Al respecto, ve “interesante observar si los acreedores estarán disponibles para eventuales haircut de sus créditos”.
La semana pasada, el Ejecutivo envió un proyecto de ley cuyo fin es facilitar el proceso de reorganización de las PYME. Según el socio de Castañeda Abogados, Luis Felipe Castañeda, la iniciativa es un poco “tardía” e “insuficiente”. Agregó que facilitar el acceso de las pymes a la Reorganización Judicial vía disminución de costos, debió haberse previsto a fines del año pasado, cuando el estallido social afectó especialmente a ese segmento.
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