Luego de que el Ministerio de Agricultura instruyera al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a endurecer los criterios para autorizar parcelaciones en predios rurales y negar todas aquellas en las que se sospechara que no serían utilizadas para fines agrícolas, distintos actores acusaron la ilegalidad de esta medida y buscan suspenderla.
Mientras un grupo de inmobiliarias presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, el Senado ofició a la Contraloría para que se pronunciara al respecto. A esto último se sumó la Asociación Chile Rural, compuesta por empresas y gremios del rubro, como Tierras de Chile y Compra tu Parcela.
“Lo que corresponde es que estas modificaciones (a la regulación de los loteos) las realice el legislador y no un órgano de la administración central”
Para esto, la organización fichó como asesor jurídico al exfiscal Carlos Gajardo que, en conversación con Diario Financiero, explica que la posición que defienden ante la Contraloría es que los loteos deben ser regulados a través de la ley y no por modificaciones unilaterales del gobierno, ya que este no tiene las atribuciones para hacerlo.
“En la medida que se comience a hacer modificaciones a la forma en que se ha trabajado y efectuado las subdivisiones durante los últimos 40 años, lo que corresponde es que esas modificaciones las realice el legislador y no un órgano de la administración central”, señala.
En ese sentido, sí ve con buenos ojos que la discusión entre los parlamentarios se haya acelerado: “Nos parece que es la vía adecuada que el Congreso sopesando todos los intereses y escuchando a todos los intervinientes, tome las medidas pertinentes. Y si tiene que dictar nuevas normas legales para regular de mejor manera la subdivisión predial, nosotros no tenemos inconveniente, pero ese es el camino. Un atajo que se intenta tomar mediante una modificación administrativa no está permitido”.
Las líneas de acción
En miras hacia el futuro, Gajardo dice que prefieren no adelantar escenarios y que esperarán tranquilamente al pronunciamiento de la Contraloría. Sin embargo, de no conseguir suspender el instructivo, están abiertos a tomar todas las medidas necesarias.
“Siempre está abiertas las vías para recurrir a los tribunales ordinarios de justicia de múltiples maneras, vía recursos de protección, vía acciones de nulidad de derecho público. Tampoco descartamos la posibilidad de acceder a la vía penal. Si es que efectivamente hay autoridades que están invadiendo el campo de atribuciones de otras autoridades, bueno, eso también se encuentra prohibido penalmente”, argumenta.
Agrega que están convencidos de que el derecho los ampara en esto y que, de tener un resultado favorable en Contraloría, lo que correspondería es que continuara la tramitación en el Congreso.
"Una legítima aspiración"
El exfiscal ha señalado que la decisión del Ministerio afecta a muchas personas que tienen “una legítima aspiración, producto de mejores ingresos económicos o de una decisión de vida, de vivir de una manera distinta”.
“Yo creo que se ha puesto mucho énfasis en el negocio que hay detrás -de personas que legítimamente desarrollan esta actividad-, pero se dejan de lado todas las legítimas expectativas que tienen las personas que quieren acceder a una de estas propiedades, que han firmado promesas para hacerlo y que hoy están con instrumentos jurídicos que buscan concretar esas transferencias de dominio”, plantea.
Gajardo sostiene que las metas de esas personas se están viendo “imposibilitadas por una decisión administrativa y eso no corresponde”.
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