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REGÍSTRATE AQUÍLos inversionistas reconocen que el regulador está trabajando, pero dicen que de haber resuelto antes, la querella no existiría.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 15 de abril de 2013 a las 05:00 hrs.
por j. c. prado / c. cristino / m. villena
En alerta se encuentran los accionistas minoritarios de las sociedades cascada, a través de las cuales Julio Ponce controla a SQM, luego que el empresario presentara una querella contra Moneda. Sin embargo, no es precisamente la acción judicial lo que inquieta a los accionistas no controladores, sino la falta de resultados en la investigación que, desde hace casi un año, lleva a cabo la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
De hecho, fuentes de las AFP aseguran que la querella de Ponce sólo busca distraer la atención de los escritos que está investigando el fiscalizador. Por ello, dicen que la acción legal no les preocupa, porque su verdadero foco está puesto en el pronunciamiento de la SVS, respecto a la forma en que Julio Ponce maneja las sociedades que controlan SQM. La presentación realizada por los minoritarios el año pasado, señala que algunas transacciones efectuadas por Ponce les habrían provocado un perjuicio de varios cientos de millones de dólares a los institucionales, y de decenas de millones para Moneda.
Consultado el viernes pasado, el superintendente de Valores, Fernando Coloma, sólo señaló que “estamos viendo todos los antecedentes y realizando todas las diligencias del caso (…) estamos trabajando como corresponde en todos esos temas”.
Más allá de la querella, entre los accionistas minoritarios el sentimiento de demora en la investigación crece. “Nosotros estamos esperando lo que vaya a decir la SVS sobre las transacciones de Julio Ponce, respecto de lo cual aún no se ha manifestado”, asegura una fuente de otra AFP.
Un actor institucional argumenta que si bien el regulador está trabajando a toda su capacidad, cuenta con recursos limitados, y que de haber existido un fallo en un tiempo breve, Ponce no habría tenido tiempo de actuar.
Por ello, señalan las mismas fuentes, existe cierto “vacío”, por lo menos hasta que la SVS indique si presentará cargos o si archivará el caso.
Historia de las disputas
La votación para aprobar el aumento de capital de las cascada fue el punto que, en la junta de accionistas de fines de 2011, inició el enfrentamiento entre las AFP, Moneda, y Julio Ponce.
Fue luego de ese hecho que Moneda decidió investigar las transacciones entre las sociedades cascada (Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande), en las que habría descubierto los perjuicios para ella y sus accionistas, estudio que presentó ante la SVS.
En abril, la SVS inició la primera acción, y ordenó a Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera y Potasios para que reversaran US$ 235 millones en utilidades que se habían generado por compra y venta de acciones entre dichas sociedades realizadas en 2011, algo que a juicio del regulador no aplicaba.
Finalmente, durante la primera semana de agosto, Pablo Echeverría, presidente de Moneda, pidió formalmente a la SVS que investigara las operaciones entre las cascada ocurridas en 2011, a lo que se sumaron luego las AFP.
Lo que viene
Los flancos que se abren para las sociedades cascada, en caso de que las acciones de los minoritarios le sean desfavorables, parecen estar claros, y todos apuntan al inicio de acciones judiciales.
De obtener una resolución positiva, las AFP podrían entablar una acción judicial. “Para eso le hicimos el planteamiento a la autoridad, para obtener antecedentes que nosotros no podemos obtener directamente”, reconoció hace unas semanas una administradora.
Junto con ellas, Moneda también podría presentar acciones tendientes a recuperar, los perjuicios que habrían sufrido. Si la SVS no encuentra nada anormal en las transacciones realizadas por Julio Ponce, este tendrá una mano a su favor al contar ya con la presentación de la querella. Eso sí, el tema puede tomar tiempo en tribunales.
La nueva batalla entre Julio Ponce y los minoritarios
El entramado de la querella contra Moneda, a la que acusa de una campaña en su contra.
"La campaña orquestada por Moneda en contra de las sociedades que forman parte de la cadena de control de SQM". No se trata del título de una saga policial, sino que del capítulo de la querella presentada por Julio Ponce en contra de Moneda, para describir las acciones y operaciones que ésta habría llevado a cabo para hacer caer el precio de los títulos de las sociedades controladoras de SQM -Pampa Calichera, Norte Grande y Oro Blanco- y así luego comprar barato. Según el documento, Moneda en 2008 cambió su estrategia de inversión en SQM, pasando de concentrarse en Pampa Calichera, a comprar acciones de Oro Blanco y Norte Grande. "Decisión de la cual luego Moneda parece haberse arrepentido", dice el texto. A raíz de esto, Julio Ponce supone que, en vez de asumir el costo comercial de una inversión, Moneda habría iniciado una campaña en contra de las empresas controladoras de Pampa Calichera. "La cual se tradujo en una serie de acusaciones y cuestionamientos –todos infundados- a la forma como se ejerce el control en las sociedades ligadas a Pampa Calichera", dice la querella.
A su vez, el documento señala que Moneda habría entregado información falsa al mercado, al no desmentir una información publicada el 2 de septiembre en El Mercurio, la que señala que Moneda habría interrumpido la compra y venta de acciones de las cascadas. Aludiendo a que entre mayo y agosto de 2012, Moneda a través de sus fondos y la corredora de bolsa habría efectuado compras de acciones de las diferentes sociedades cascada.
Información que desde Moneda desmintieron de forma categórica, a través de una carta enviada a la SVS, en la cual señala que los movimientos a los que hace alusión la querella corresponden a acciones que estaban en garantía a favor de la Bolsa de Comercio, las que al liberarse, los saldos de acciones reflejaron dichos alzamientos como incrementos en la posición registrada.
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B-Conex es una iniciativa transnacional que creó Ovalle Consejeros Legales junto a sus pares de Uruguay y Argentina, Castellán y PASBBA -respectivamente- y donde acaban de anexar al estudio CSA Advogados, con sede en São Paulo.
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
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